El asesinato de exguerrilleros de las FARC, que ha cobrado la vida de 243 de ellos, y la inseguridad jurídica para quienes dejaron las armas, son las principales sombras que se ciernen sobre el acuerdo de paz de Colombia firmado hace cuatro años, asegura el exjefe guerrillero Rodrigo Granda.
Hace cuatro años, el 24 de noviembre de 2016, el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron en el Teatro Colón de Bogotá el acuerdo definitivo de paz para terminar el conflicto armado de 52 años, sin la pompa de la primera firma que tuvo lugar dos meses antes en Cartagena de Indias.
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Ese primer acuerdo firmado el 26 de septiembre fue rechazado por los colombianos en un plebiscito el 2 de octubre, lo que obligó a reabrir la negociación para incorporar propuestas de los promotores del «no» en esa consulta.
Granda, que es el responsable de las relaciones internacionales del partido FARC, recuerda que a finales del mes pasado exguerrilleros de todas las regiones del país hicieron una peregrinación a Bogotá «Por la paz y por la vida», en rechazo a los asesinatos de sus compañeros.
Esa movilización culminó el 6 de noviembre en una reunión con el presidente colombiano, Iván Duque, que calificaron de «alentadora» porque se tocaron varios asuntos, entre ellos la preocupación por la inseguridad para los desmovilizados. Al ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), además de la inseguridad física, le preocupa la «inseguridad jurídica» porque dicen que desde el Gobierno se ataca a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creado a instancias del acuerdo.
«Nosotros no tenemos seguridad jurídica porque todos los ataques van concentrados a terminar la JEP y la JEP se constituyó como una justicia transicional para dar el cierre rotundo al conflicto armado en Colombia», dice. Granda, que asegura que las FARC no regresarán a las armas pese a los problemas por los que pasa el acuerdo de paz, achaca también a la falta de voluntad política la demora en la implementación total del acuerdo.
Recuerda que no se ha reformado el sistema electoral colombiano y «todos los días la democracia está más constreñida y, aprovechando la pandemia del coronavirus, se han sacado unos 187 decretos y leyes que van constriñendo cada vez más» los derechos.
Pese a todo, considera que entre las cosas positivas del acuerdo, la más importante fue «haber alcanzado la paz».
«Sí, hay violencia, yo no estoy negando que hay violencia, pero es que la guerra en los términos en que se estaba dando en la confrontación con las FARC era de una magnitud asombrosa», afirma.
