De acuerdo con un estudio realizado por la Defensoría Penal Pública, una alta cantidad de chilenas y chilenos perciben que el nivel socioeconómico afecta directamente las posibilidades de acceder a un juicio justo.
El Estudio de Opinión Pública Imagen y Posicionamiento de la Defensoría Penal Pública, realizado en conjunto con la empresa Cadem, indagó acerca de la garantía de derechos y la percepción de los encuestados sobre la justicia chilena.
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Según los resultados del documento, el cual registra las respuestas de 1.208 hombres y mujeres, mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, un 49% señaló que las personas de ingresos altos tienen “una muy alta probabilidad“ de acceder a un juicio justo.
En contraposición, un 29% de las y los encuestados afirmaron que las personas de menores ingresos no tienen “ninguna probabilidad“ de tener un juicio justo.
Defensoría Penal Pública
Asimismo, el estudio de la Defensoría analizó la percepción respecto al acceso a la justicia de personas inmigrantes y pertenecientes a los pueblos indígenas.
En este sentido, un 16% de las y los encuestados señaló que las personas inmigrantes “no tienen ninguna probabilidad“ para acceder a un juicio justo en Chile. Además, un 23% de las personas aseguró que quienes pertenecen a pueblos indígenas tampoco tienen posibilidades de ser enjuiciados justamente.
Defensoría Penal Pública
Defensa gratuita para todos
El estudio, además, repasó la posibilidad de implementar una defensa gratuita, financiada por el Estado, para todas y todos los chilenos.
De esta forma, en la encuesta inquirieron sobre si “el Estado debiera garantizar una defensa gratuita para todos“, mostrándose un 79% de los encuestados de acuerdo con esta afirmación.
Asimismo, respecto al rol de la Defensoría Penal Pública, el estudio evaluó también si ésta «contribuye a la protección de los derechos humanos de las personas“, manifestando un 48% de los entrevistados su apoyo a esta opción.
Defensoría Penal Pública
Sistema de justicia que acrecienta la desigualdad
Respecto de estas cifras, el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, señaló que no es de extrañar que la justicia se perciba como desigual en Chile. “En un país como el nuestro, donde las cárceles están hacinadas con hombres y mujeres en su mayoría pobres, no es de extrañar que se perciba que la justicia no es igual para todos, como lo muestra el estudio“, afirmó.
“Ello refuerza la responsabilidad del sistema penal de avanzar hacia una mayor especialización para atender los nuevos desafíos que nos impone la cautela de los derechos humanos. La nacionalidad, el origen y la falta de oportunidades, entre otros, son factores que hace tiempo vemos que inciden en la aplicación de prisión preventiva y estas cifras muestran que la sociedad también lo percibe así“, agregó Mahnke.
“El sistema de justicia no puede perpetuar o acrecentar la desigualdad, debe ser capaz de incorporar criterios para diferenciar sus respuestas ante la diversidad de los conflictos, de los actuales reproches sociales y los contextos de vida de las personas involucradas, para transformarlo en un ámbito que incida directa y eficazmente en el fortalecimiento de la paz social”, finalizó en ese sentido.
