Después de ser inaugurada con una ceremonia histórica, la Convención Constituyente de Chile no ha podido sesionar durante dos días debido a una serie de inconvenientes técnicos y a que no se establecieron protocolos sanitarios adecuados en medio de la pandemia.
Los convencionales responsabilizaron del retraso al Gobierno de Sebastián Piñera, ya que era el principal responsable de organizar el funcionamiento del Palacio Pereira, en donde se llevarán a cabo las sesiones en las que se redactará la nueva Constitución que será sometida a un plebiscito el próximo año.
Publicaciones Relaciandos
De acuerdo con la agenda, después de la sesión del domingo en la que los 155 convencionales tomaron posesión de sus cargos, y eligieron a Elisa Loncón como presidenta y a Jaime Bassa como vicepresidente, la primera reunión de trabajo iba a realizarse el lunes.
Habiendo pasado 254 días del plebiscito, queda develado el boicot del gobierno a la #ConvencionConstitucional. El presidente falta a la Constitución y amerita una acusación constitucional #ElPeorGobiernoDeLaHistoria pic.twitter.com/F7qWaFpQwC
— Vale Miranda Constituyente D8 (@ValeMirandaCC) July 6, 2021
Transmisión de la instalación de la Convención Constitucional en cuatro lenguas originarias
Sin embargo, cuando comenzaron a llegar los convencionales fue evidente que los espacios no garantizaban los protocolos establecidos en Chile para mitigar la pandemia de coronavirus, como el distanciamiento social y el aforo en espacios cerrados.
Se suponía que 80 convencionales iban a sesionar en un salón de plenos, separados por un escaño, mientras que otros tres grupos, de 25 personas cada uno, trabajaría en otras salas. Todos se comunicarían a través de pantallas gigantes.
Pero nada de ello ocurrió. A esta situación se sumaron una serie de problemas técnicos denunciados por los convencionales que se encontraron con micrófonos que no funcionaban, la ausencia de una señal para transmitir en vivo los debates y la falta de un sistema de comunicación entre los diferentes grupos de trabajo.
La mayoría de los convencionales responsabilizó al Gobierno, ya que desde el pasado plebiscito de octubre tuvo ocho meses para acondicionar el Palacio Pereira y, evidentemente, no lo hizo. Un grupo minoritario culpó a la mesa directiva de la Convención, que encabeza la académica mapuche Elisa Loncón.
Así, lo que debería haber sido la primera jornada de trabajo de la Convención terminó en un caos de acusaciones cruzadas.
Garantías
La desorganización tuvo costos políticos, ya que se multiplicaron los reclamos de renuncia del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa; el subsecretario Máximo Pavez, y del secretario Ejecutivo de la Convención, Francisco Encina, quienes eran los funcionarios que debían garantizar las condiciones de trabajo de la Convención.
De hecho, cuando uno de los convencionales acusó directamente al Gobierno, se escuchó una ovación en la que participaron incluso algunos oficialistas.
«Creo que el Gobierno nos debe una explicación, no a nosotros, sino que a todo el país, de por qué fue imposible que la convención sesionara hoy», dijo el convencional Fernando Atria, mientras que Jorge Arancibia coincidió en que era «inaceptable» y una falta de respeto trabajar en estas condiciones.
La tensión continuó este martes, ya que la Convención tampoco sesionó e incluso la presidenta y el vicepresidente se reunieron con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, para evaluar la posibilidad de abrir el debate constituyente en sus instalaciones.
Mientras tanto, el subsecretario Pavez visitaba el Palacio Pereira para comprobar que, ahora sí, los protocolos sanitarios se pudieran cumplir y funcionaran micrófonos, computadoras, sonido y conexiones de internet y de todo tipo de transmisiones y comunicaciones.
Luego de recorrer las instalaciones, aseguró que ya había acordado con Loncón y con Bassa que mañana sí se llevará a cabo la primera sesión de trabajo de los convencionales.
En caso de que ello ocurra, se prevé una reunión álgida, ya que el primer tema de trabajo será un pronunciamiento en torno a las cerca de 2.500 personas que fueron detenidas durante las históricas protestas de 2019 y que todavía permanecen encarceladas. Para la mayoría de la oposición a Piñera, esos ciudadanos son presos políticos que deben ser indultados, propuesta que es resistida desde el oficialismo.
