El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado al mando de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas terminó con el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende. Unidades blindadas y de infantería del Ejército atacaron diversos edificios gubernamentales, incluyendo el Palacio de La Moneda, sede del Poder Ejecutivo, el cual fue bombardeado por aviones de la Fuerza Aérea. Tras el bombardeo de la sede presidencial y la inminente victoria de las unidades golpistas, Augusto Pinochet Hiriart se proclamo como el nuevo dictador chileno.
El Buque Escuela Esmeralda, fue utilizado como centro de detención y torturas en 1973, tal como hubieron cientos de centros de detenciones y de tortura mas contabilizados en este periodo a lo largo de todo el pais.
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Ministros de gobierno y colaboradores cercanos al Presidente Allende fueron detenidos y llevados a centros ilegales de detención. Inmediatamente al Golpe de Estado se declaró el toque de queda en todo el territorio nacional a partir de las 15:00 del 11 de septiembre de 1973. Se silenciaron todos los medios de comunicación favorables al gobierno de Allende, incluyendo las radios Portales, Magallanes y Corporación, y los diarios El Clarín, El Siglo, Puro Chile; varios de estos medios fueron allanados y sus prensas destruidas. En las zonas rurales se detuvo a muchos dirigentes de la Reforma Agraria, muchos de los cuales fueron ejecutados en el lugar de detención. Se prohibio la libertad de prensa, y se publicaba solo lo que podia favorecer a la junta militar.
Este año es el primer 11 de septiembre que Chile conmemorará en pleno proceso constituyente. La coincidencia no es trivial porque en la misma fecha que recuerda que se cumplen 48 años del golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) hay 155 personas que están escribiendo la nueva Constitución del país que sepultará definitivamente la carta magna vigente hasta hoy, escrita en 1980, precisamente, en plena dictadura. Por si fuera poco, fue también un 11 de septiembre cuando se aprobó ese texto en un plebiscito hecho a la medida, sin padrón electoral, libertad de prensa ni acceso al conteo de votos. O sea, pasando a llevar la misma Constitucion que estaban redactando en ese entonces la junta militar, encabezado por el golpista Augusto Pinochet Hiriart.
En la votación de octubre de 2020, un 80% de la ciudadanía chilena apoyó sustituir la Constitución actual por una totalmente nueva. En la misma votación se eligió hacerlo a través de una Convención Constitucional, es decir, una asamblea compuesta por 155 personas electas, sin representación de los parlamentarios. «Es el comienzo de un camino, que juntos deberemos recorrer para acordar una nueva Constitución para Chile. Hasta ahora la Constitución nos ha dividido», señaló la noche del plebiscito el presidente Sebastián Piñera. Parte de su coalición de gobierno rechazó escribir un nuevo texto.
La Constitución de 1980
La Constitución de 1980 se escribió entre cuatro paredes de la mano de Jaime Guzmán, ideólogo del régimen y estrecho colaborador de Pinochet, y circunscribió al país a un nuevo marco social, político, económico y cultural por más de 40 años. El plebiscito nacional de Chile de 1988 fue un referéndum realizado en ese país el miércoles 5 de octubre de 1988, durante la dictadura militar. En aplicación de las disposiciones transitorias (27 a 29) de la Constitución Política de 1980, este plebiscito se llevó a cabo para decidir si Augusto Pinochet seguía o no en el poder hasta el 11 de marzo de 1997.
El universo electoral habilitado para votar entonces ascendió a 7 435 913 personas. Del total de votos válidos, el resultado fue de 44,01 % por el «Sí» y de 55,99 % por el «No» —del total de votos escrutados, el «Sí» obtuvo el 43,01 % y el «No», el 54,71 %—. Conforme a las disposiciones transitorias de la Constitución, el triunfo del «No» implicó la convocatoria para 1989 de elecciones democráticas conjuntas de presidente y parlamentarios, que condujeron tanto al fin de la dictadura como al comienzo del periodo llamado ‘transición a la democracia’.
La Constitución Política de 1980 estableció un periodo transitorio, que se extendía desde su entrada en vigencia, el 11 de marzo de 1981, hasta el término del mandato de Augusto Pinochet de ocho años, establecido nominativamente por ella (disposición transitoria decimocuarta). Todo lo establecido era antidemocratico, tanto el autonombramiento al cargo, su duracion, como las clausulas escritas y redactadas en esta Constitución.
En conformidad al texto constitucional, con al menos noventa días de anticipación a la fecha en que debía cesar en su cargo, es decir, el 11 de marzo de 1989, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros, o a falta de unanimidad de ellos el Consejo de Seguridad Nacional integrado además por el contralor general de la República, debían proponer al país una persona para ocupar el cargo de presidente de la República durante el periodo siguiente, sujeto a la ratificación de la ciudadanía mediante un plebiscito (disposición transitoria vigesimaséptima).
Derechos humanos y reparación constitucional
«El 11 de septiembre no solo implica el derrocamiento de un gobierno constitucionalmente electo, sino que es el inicio de la imposición de un modelo por parte de la dictadura y que tiene su mayor expresión en la Constitución vigente, por lo tanto, el proceso de desmantelamiento de esta Constitución y del modelo que está atrás es lo más simbólico a casi 50 años del golpe», considera el abogado y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash.
Una reflexión que comparte el escritor y miembro de la asamblea constituyente Jorge Baradit: «Pinochet significa para Chile una manera histórica de dominación por parte de la oligarquía a través de sus herramientas, como los medios de producción, la prensa, los uniformados, etc». Para él, que es autor de la saga best-seller de divulgación histórica Historia secreta de Chile, el dictador también fue «un símbolo hiperbólico de la manera en que se han resuelto los problemas sociales en nuestro país» y eso dice «es lo que estamos demoliendo hoy». Reflexiona que el modelo histórico de administración de la sociedad chilena «considera la efervescencia social como un problema que hay que aplastar y no como un síntoma que hay que atender».
Desde el estallido social de octubre de 2019, los debates en torno a los derechos humanos son una parte relevante de la agenda política chilena. Las protestas dejaron más de 30 personas muertas, más de 400 con lesiones oculares y miles de heridos. Ante esta realidad, la Convención Constitucional puso énfasis en el enfoque de derechos humanos desde sus inicios gracias a la composición final del órgano. La mayoría de los representantes elegidos en mayo fueron independientes de perfiles muy diversos desde abogados hasta activistas ambientales o participantes de las protestas sociales de 2019 y militantes de los partidos de izquierda.
Genocidio y crimenes contra la humanidad
Las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en Chile son aquellos crímenes contra la humanidad que tuvieron lugar durante la dictadura militar liderada por el general Augusto Pinochet, la cual se extendió entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Durante este período, efectivos de las tres ramas de las FF.AA., funcionarios de Carabineros y agentes de civil miembros de las policías secretas de la dictadura (la DINA y la CNI) efectuaron una política de genocidio sistemático, prolongado, masificado y de persecución, encarcelamiento, secuestro, tortura, asesinato, fusilamiento, desaparición forzada y en última instancia el exterminio de opositores políticos a la dictadura. Con el fin de ocultar o desligarse de la responsabilidad de dichos crímenes, el régimen recurrió sistemáticamente a estrategias como la creación de falsos enfrentamientos, la censura y la desinformación.
De acuerdo a los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación (conocido como «Informe Rettig»), la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura («Informe Valech)», la cifra oficial de víctimas directas ascendería a 31 686 personas, de las cuales 28 459 casos fueron víctimas de tortura y 3227 casos fueron víctimas ejecutadas o desaparecidas (2125 muertos y 1102 desaparecidos).
Además, unas 200 000 personas habrían sufrido el exilio y un número indeterminado habría pasado por centros clandestinos de detención y tortura.
En 2011, la comisión pública que recibió e investigó nuevas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la dictadura del general Augusto Pinochet entregó un informe de 60 páginas al presidente Sebastián Piñera que incorporó otras 9.800 víctimas y 30 casos de personas desaparecidas o ejecutadas, las cuales se agregan a las que ya habían sido calificadas con anterioridad. La Moneda dio escasa visibilidad al tema, mientras que las organizaciones de las víctimas criticaron el alto número de denuncias que fueron rechazadas por la comisión, más de 22.000.
«Esperamos que este informe de la comisión contribuya a la paz y la reconciliación», sostuvo el ministro de Justicia, Teodoro Ribera. Desde el reinicio de la democracia en 1990, el Estado chileno ha tenido cuatro comisiones diferentes para reconocer a las víctimas y otorgarles una reparación. En total, sumando los casos de detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados y presos políticos reconocidos por estas comisiones -sin considerar los exiliados ni las familias de todos los afectados-, el número de víctimas de la dictadura de Pinochet supera las 40.000 personas, de ellas 3.065 están muertas o desaparecidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
Para las víctimas, tanto de los atropellos ocurridos durante la dictadura como en el estallido, la Convención tiene que ser un espacio que dé lugar a la reparación de estas vulneraciones cometidas por el Estado. «No puedo asegurar que la nueva Constitución salga como hemos exigido y tenemos el derecho, pero sí tengo la convicción que será democrática y que estará bajo el irrestricto respeto y defensa de los derechos humanos porque la mayoría de los constituyentes están por ello», señala la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira.
Para Nash, «el proceso de deliberación constitucional puede ser un espacio de reparación y sanación para el país». En este sentido, considera que las violaciones que han sufrido pueblos y naciones originarias durante siglos, la represión contra los movimientos de trabajadores, la violencia de la dictadura y postdictadura y lo que se vivió desde octubre de 2019 en adelante «debe ser parte de la realidad de la que se va a tener que hacer cargo una nueva Constitución basada en derechos humanos».
El constituyente Jorge Baradit asegura que eso «se está intentando» y que, aunque aún no se sabe cómo será el texto definitivo, «lo que sí sabemos es que su redacción está considerando el criterio de derechos humanos para cada artículo o inciso que se escribe». Según explica, «no será un apartado o un artículo en particular, sino que toda la nueva Constitución estará escrita bajo estos criterios, junto a otros, como la paridad, la descentralización, el respeto a los pueblos originarios, la diversidad y la inclusión».
