El Gobierno de España ha revelado que alrededor de 45.000 mujeres y niñas se encuentran en situación de prostitución en el país ibérico. De ellas, entre el 90 % y el 95 % son víctimas de trata, informó este domingo Europa Press.
Desde el Ejecutivo reconocen que España “es un país de origen, de tránsito y de destino de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”, según lo señalaron en una respuesta a la pregunta parlamentaria realizada por el partido ultraderechista Vox acerca de las medidas previstas para “garantizar el acceso a un empleo estable y en condiciones” a las personas que hayan sido víctimas de trata, explotación sexual y prostitución.
El texto indica que esas mujeres y niñas “ven vulnerados sus derechos fundamentales de forma reiterada” y “se enfrentan a una serie de barreras de acceso a las condiciones necesarias para vivir una vida digna y que merezca la pena ser vivida”.
Asimismo, admite que, pese a las restricciones implementadas y las medidas derivadas del estado de alarma en España, incluido el cierre de fronteras, por la pandemia del covid-19, la actividad delictiva de las redes de trata no se redujo ni en 2020 ni en 2021.
Plan de inserción sociolaboral
Por ello, el Gobierno asegura que se han llevado a cabo reuniones entre la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, el Instituto de las Mujeres y distintas entidades especializadas para realizar un plan de inserción sociolaboral para esas personas en situación vulnerable.
Concretamente, se articulará en torno a tres programas específicos: uno de acompañamiento social y psicológico para la recuperación completa de la salud de dichas mujeres; otro de recuperación y refuerzo de las capacidades sociolaborales, inclusive el acceso a la vivienda; y un tercero sobre acompañamiento y recuperación integral para niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual.
“Los objetivos fundamentales del plan son reforzar los derechos humanos de estas mujeres mediante la autonomía económica y habitacional, facilitando el acceso al empleo digno y regulado, a la vivienda, a la atención social y sanitaria y a la recuperación integral”, concluye el texto.
