El acusado fue arrestado a la edad de 13 años y desde entonces ha estado en la cárcel. Los cargos en su contra, algunos de tres años anteriores a su arresto, se relacionan con su participación en protestas en contra del gobierno e incluyen la posesión de un arma de fuego y por haberse unido a una organización terrorista. Tambien por haber asistido al funeral de su hermano, tambien asesinado en protestas.
La Organización Europea Saudita para los Derechos Humanos, la cual ha trabajado este caso durante años, mencionó la semana pasada que había confirmado por primera vez que el fiscal acusó a Murtaja en agosto del 2018, en relación con su participación en las protestas y recomendó que fuera ejecutado.
El grupo de derechos humanos también comentó que Murtaja estuvo detenido durante años sin ninguna acusación, en confinamiento solitario y sin acceso a un abogado, hasta que fue coaccionado a confesar. Amnistía Internacional confirmó que el fiscal pidió la pena de muerte para Murtaja la primera vez que lo sometieron a juicio en agosto del 2018.
Ahora, una fuente que pertenece al aparato estatal en Arabia Saudita comenta a la agencia de noticias Reuters que Murtaja Qureiris ha recibido su veredicto y que no será ejecutado. Según la fuente, el joven de 18 años, arrestado en el otoño de 2014, fue condenado a una sentencia de 12 años de prisión. También le habrian rebajado en 4 años la sanción debido a su corta edad, lo que significa que puede ser liberado a partir de 2022. CNN también recibió y confirmo la misma información de una fuente que estaria familiarizada con el caso.
Las ejecuciones —por lo general por decapitación— son comunes en Arabia Saudita; los grupos de derechos humanos afirman que casi siempre ocurren después de años en prisión, torturas y juicios simulados. Pero sería insólito, incluso en Arabia Saudita, decapitar a un acusado inculpado por acciones cometidas cuando aún era niño.
La Embajada de Arabia Saudita en Washington no hizo comentarios al respecto. La monarquía saudita ha defendido desde hace mucho tiempo su extendido uso de la pena de muerte.
En respuesta a las preguntas del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2017 acerca de las ejecuciones, el gobierno saudita dijo que la pena de muerte “solo puede ser impuesta en caso de los delitos más graves y está sujeta a los controles más estrictos” después del debido proceso. Sin embargo, los grupos de derechos humanos señalan que se solicita la pena de muerte por delitos menores y para castigar a los grupos minoritarios y a los activistas que desafían al gobierno.
“No debería haber dudas de que las autoridades de Arabia Saudita están dispuestas a llegar hasta donde sea para combatir violentamente a la disidencia de sus propios ciudadanos, lo que incluye recurrir a la pena de muerte para personas que solo eran niños en el momento de su arresto”, comentó Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional en Medio Oriente.
Señaló que era “inaceptable” que las autoridades sauditas pidan la pena de muerte por participar en manifestaciones durante la niñez.
Arabia Saudita ha estado bajo presión de varios lados después de que se supo que Qureiris habia recibido la pena de muerte. Las autoridades en Austria, entre otras cosas, amenazaron con cerrar un centro para el diálogo religioso en Viena, patrocinado por Arabia Saudita si el régimen condenaba a muerte al joven de 18 años.
Murtaja, miembro de la minoría chiita del país, fue detenido en setiembre del 2014, según la Organización Europea Saudita para los Derechos Humanos, la cual publicó un informe detallado sobre el caso.
La monarquía saudita se apega a una versión conservadora del islam conocida como wahabismo, el cual está arraigado en las normas sociales, el gobierno y el sistema judicial del país. Además, el gobierno ha sido acusado con frecuencia de perseguir a los chiitas de Arabia Saudita, país que es predominantemente sunita.
El caso de Murtaja Qureiris, sin embargo, no es único. De los 37 hombres ejecutados el mismo día en abril de este año, al menos tres de ellos eran menores cuando fueron condenados a muerte, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los habían ejecutado por su “adhesión a una ideología extremista y terrorista y por formar células terroristas para corromper y trastornar la seguridad, propagar el caos y provocar conflictos sectarios”, segun la agencia noticiosa saudi.
La ejecución fue repudiada por las Naciones Unidas y generó críticas entre los grupos de derechos humanos para que se hiciera responsable al dirigente de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán.
“Las autoridades de Arabia Saudita tienen un historial escalofriante de emplear la pena de muerte como arma para aplastar la disidencia política y castigar a manifestantes en contra del gobierno de la perseguida minoría chiita del país, incluyendo a niños”, señaló Maalouf.
La ejecución masiva de abril fue la más grande desde enero de 2016, cuando Arabia Saudita ejecutó a 47 hombres por presuntos delitos de terrorismo, incluyendo al clérigo chiita, el jeque Nimr al Nimr, quien había criticado el trato que daba el reino a la minoría chiita.
En estos momentos, otros tres jóvenes pertenecientes a la minoría chií se arriesgan a ser ejecutados, según Lynn Maalouf de Amnnesty International.
– Ali al-Nimr, Abdullah al-Zaher y Dawood al-Marhoon, arrestados en 2012 cuando tenían 17, 16 y 17 años, debido a su participación en protestas antigubernamentales, corre el riesgo de ser ejecutados en cualquier momento escribe Lynn Maalouf en Twitter este domingo.
CNN publicó videos de Murtaja liderando a una multitud de niños durante una protesta en bicicleta en el 2011. En ese entonces, tenía 10 años. Era el momento cumbre de los levantamientos de la Primavera Árabe que conmocionaron Medio Oriente y el norte de África, y las protestas habían llegado a las provincias orientales de Arabia Saudita de mayoría chiita. Dichas manifestaciones a menudo terminaron en masacres o arrestos masivos.
Murtaja proviene de una familia de activistas en la provincia de Qatif, en la zona de mayoría chiita al este de Arabia Saudita. Su hermano mayor, Ali Qureiris, fue asesinado mientras participaba en una protesta en 2011.
La primera audiencia del acusado fue en agosto de 2018, casi cuatro años después de su arresto. Tuvo lugar en la Corte Penal Especializada del país, un tribunal contra el terrorismo establecido inicialmente en 2008 que se ha utilizado cada vez más para enjuiciar a manifestantes y a activistas de derechos humanos. Su siguiente audiencia podría ser dentro de algunas semanas.
Según el Informe Mundial de 2019 de Human Rights Watch, organización que sigue de cerca los abusos a nivel global, Arabia Saudita ejecutó a 139 personas en 2018, de las cuales la mayoría estaban acusadas de asesinato y de delitos relacionados con las drogas. De los ejecutados, 54 estaban acusados de delitos no violentos relacionados con las drogas.
De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, durante los primeros cinco meses de 2019, las autoridades sauditas ya han ejecutado al menos a 110 personas.
Por esta foto juzgaron a Murtaja Qureiris, que aun sigue encarcelado en Arabia Saudita.
