“Me siento directamente agredida y amenazada con este acto. Soy cineasta y lesbiana (…) Ahora vamos a necesitar dirigirnos al mercado internacional para poder conseguir realizar nuestras producciones”.
(Marcela Morê, cineasta brasileña)
La ejecución de las políticas conservadoras promovidas por el presidente Jair Bolsonaro y su equipo desplazan la producción cultural a un segundo plano y debilitan el sector de la producción audiovisual en Brasil.
“La situación actual de censura y recortes que estamos viviendo tiene mucho que ver con la primera vez que Bolsonaro habla sobre cine abiertamente en este Gobierno, que es cuando él critica ‘Bruna Surfistinha’ y dice que películas como esta no pueden ser financiadas con dinero público”, declara Elder Gomes Barbosa, cineasta e investigador.
‘Bruna Surfistinha’, que Bolsonaro calificó de ‘pornográfica’, es una producción brasileña sobre la historia real de una joven que se adentra en el mundo de la prostitución. “El presidente inaugura una nueva forma de ver y pensar cine en Brasil que es: ‘Yo mismo decido, como presidente, lo que es y no es bueno para que las otras personas vean'”, afirma Barbosa.
El veto a algunas películas brasileñas relacionadas con la dictadura o con asuntos LGBTI:
La película documental ‘Chico-Artista brasileño’, que relata la vida del cantante brasileño Chico Buarque, opositor de la dictadura militar (1964-1985), fue privada de participar en el festival de cine brasileño, 8° Cine Fest Brasil-Montevideo, que comenzó el pasado 3 de octubre, en Uruguay. Según las primeras informaciones divulgadas, la decisión habría sido resultado de una petición de la Embajada de Brasil en Uruguay. No obstante, la productora cultural Inffinito, una de las organizadoras del evento, afirmó que se debía a motivos administrativos de fechas de realización de las películas y negó la censura.
Esta información se hizo eco poco después de que la película ‘Marighella’, del conocido director brasileño Wagner Moura, también sufriese un revés. Con financiación aprobada de la Agencia Nacional de Cine de Brasil (Ancine) la producción recibió la negativa del desembolso de una parte del dinero así como la anulación del estreno previsto para noviembre. Mientras que su llegada a las grandes pantallas brasileñas continúa bloqueada, la película –que cuenta la historia de Carlos Marighella, político y guerrillero durante el periodo dictatorial– continúa rodando por varios festivales internacionales. “Es imposible no pensar que existe una articulación política para crear este tipo de ambiente”, afirmó el director Moura a la revista Época en septiembre.
En agosto, el ministro de Ciudadanía, Osmar Terra, suspendió un programa de financiación pública que afectó principalmente producciones audiovisuales con temáticas de diversidad de género, sexualidad o cuestión racial, entre otras. La decisión oficial fue publicada en el Diario Oficial nacional y el propio presidente Jair Bolsonaro compartió en Twitter el anuncio. En sus emisiones en vivo en redes sociales, Bolsonaro ya había anunciado que si esos contenidos con temáticas LGBTI querían ver la luz, tendrían que buscar recursos privados.
“Me siento directamente agredida y amenazada con este acto. Soy cineasta y lesbiana, y entre mis planes estaban algunas películas con temática lésbica”, declara Marcela Morê, con experiencia de diez años de trabajo audiovisual que explica que el objetivo es resistir. “Ahora vamos a necesitar dirigirnos al mercado internacional para poder conseguir realizar nuestras producciones”, alega.
Sobre una de las películas vetadas, el presidente afirmó que “la vida privada de cualquiera no le importa a nadie, pero hacer una película mostrando la realidad vivida por negros homosexuales en el Distrito Federal no es comprensible. (…) No procede hacer una película con esa temática”. Sobre otra de las producciones vetadas, declaró: “Mira el tema, ‘sueños y realizaciones de cinco personas transgénero que viven en Ceará (estado del noreste de Brasil)’. Conseguimos abortar esa misión”.
En oposición a lo que calificó como censura, el secretario de Cultura, Henrique Pires, dimitió de su puesto pocos días después, el 21 de agosto. Osmar Terra, ministro de Ciudadanía, le habría ofrecido a Pires un puesto de dirección en una fundación, que este rechazó y añadió: “Cargo en fundación no es premio de consolación para quien no está afinado con la censura”.
En un evento frente a varios periodistas en São Paulo, Terra negó la censura: “Nadie está impedido de hacer nada en Brasil (…) Pero si va a implicar recursos públicos, nosotros tenemos el derecho de opinar sobre los temas que son importantes”. Cuando fue cuestionado sobre el espacio para temáticas LGBTI, el ministro respondió: “Solo quiero saber si hay alguna cosa que sea más prioritaria que eso”.
Censura y autocensura en la televisión pública
La autocensura permea a las personas que realizan contenidos audiovisuales, incluso antes de que el Gobierno ejerza la propia censura, según explica Mario Alcântara (nombre ficticio), miembro de la TV Brasil, red brasileña de televisión pública propiedad de la Empresa Brasil de Comunicación (EBS), que solicita anonimato por miedo a represalias.
“Antes incluso de sufrir una censura de arriba para abajo, existe entre los trabajadores públicos un sentimiento de autocuestionamiento y de miedo a producir contenidos que no agraden al presidente del país, que generen enemistad con el gobierno, justamente porque existen rumores de que la EBS pueda cerrarse”, explica Alcântara. “El mayor cambio desde que llegó este Gobierno es la estrategia de intentar eludir contenidos más sensibles, como el de los derechos reproductivos o el de la dictadura militar. Estos contenidos, cuando abordados, se toman con pinzas”, añade este productor, que explica cómo la EBS viene siendo desprestigiada por Bolsonaro desde la campaña electoral con diversas amenazas de despido o cierre de la institución.
“Ha habido censura en todos los medios de la EBC, en algunos con mayor o menor intensidad, va desde temas censurados hasta palabras vetadas”, afirma Carol Barreto, directora del sindicato de los periodistas de Río de Janeiro. “En el momento de la ‘des-conmemoración’ del aniversario del golpe militar hubo toda una polémica interna porque no se podía usar la palabra ‘golpe’ ni ‘dictadura’, a no ser que fuese para negar la existencia de dictadura en Brasil, por lo que los periodistas tenían que cambiar las palabras por otras más suavizadas como régimen militar”, declara Barreto, que explica que la EBC recibió un comunicado del Gobierno pidiendo sustituir la palabra “fusilado” por “afectado por 80 tiros” en la cobertura del asesinato de un músico a manos de militares.
“Vivimos una situación de censura también en relación a algunos asuntos, escasamente cubrimos temas de manifestaciones, movimientos sociales, derechos humanos, asuntos de género, indígenas, LGBTI, que antes tratábamos bastante. Todo para no desagradar al conservadurismo que gobierna”, enfatiza la presidenta del sindicato.
Recortes de financiaciones públicas y cambios en las instituciones
Además de la censura, las instituciones relacionadas al sector audiovisual están sufriendo alteraciones. En julio, el Gobierno publicó una medida oficial para alterar la composición del Consejo Superior de Cine que ha pasado a estar mayoritariamente compuesto por miembros del Gobierno, en detrimento de lo que anteriormente era una composición equitativa con representantes del audiovisual y de la sociedad civil.
Desde que Bolsonaro comenzó su mandato en enero, la Agencia Nacional de Cine de Brasil (Ancine), responsable del fomento, regulación y fiscalización de financiación pública de la producción audiovisual nacional, ha sufrido una drástica reducción de su presupuesto y una modificación de su estructura, además de la dimisión de su antiguo director, Christian de Castro, por investigaciones contables. Un director interino ocupa el cargo a la espera del nombramiento de uno definitivo que, según ya defendió el presidente, podría ser alguien con valores cristianos que promueva un aumento de las producciones audiovisuales en esta línea.
En la aplicación de una austeridad sobre incentivos a la cultura, el Gobierno ha reducido un 43 % los recursos del Fondo Sectorial del Audiovisual (FSA), que se alimenta con tributos de productoras y empresas de telecomunicaciones, y está gestionado por la Ancine. “Hace seis meses que trabajo en una serie financiada por el FSA, frente a los recortes vamos a tener que inventar otras formas de viabilizar estas producciones. Este mercado no es fácil pero, independientemente de las políticas, los cineastas vamos a continuar realizando nuestros proyectos, sea con ‘crowfunding’, incentivos privados, colaboraciones o, incluso, por amor al arte”, explica la cineasta Marcela Morê, que alerta de las amenazas del Gobierno de acabar con la ley de cotas que obliga a que una parcela de la emisión de televisiones por cable y de salas de cine se dedique a la producción nacional.
“El Festival de Río, tras 20 años de existencia y éxito nacional e internacional, pasa por su mayor desafío en términos financieros”. La organización del Festival de Cine de Río de Janeiro destacó la situación de crisis por la falta de inversión pública en este sector y lanzó recientemente una campaña de financiación colaborativa para intentar evitar que uno de los más importantes eventos cinematográficos del país desaparezca.
“Nosotros no vamos a perseguir a nadie, pero Brasil ha cambiado. Con dinero público no veremos más ciertos tipos de obras. Esto no es censura, esto es preservar los valores cristianos, es tratar con respeto nuestra juventud y reconocer la familia”, declaró Bolsonaro este sábado 5 durante su participación por videoconferencia en un simposio conservador de Ribeirão Preto, São Paulo.
