GoogleAlgunos ciudadanos en Londres llevaban pancartas que decían “No extraditen a Assange, el periodismo no es un crimen”.
La jueza Vanessa Baraitser, de la corte penal de Londres, desestimó la petición de extradición del australiano, de 49 años, presentada por la justicia estadounidense, en un caso que sus defensores denuncian como clave para la libertad de prensa. Assange no será extraditado a los Estados Unidos.
Una pequeña protesta se organizó a las puertas del tribunal, donde una docena de personas se había reunido desde primera hora de la mañana para expresar su apoyo al australiano.
“No extraditen a Assange, el periodismo no es un crimen” o “Liberen la verdad, excarcelen a Assange” podía leerse en sus pancartas. “Paren el juicio-espectáculo de Julian”, decía otra, enarbolada por un hombre en bicicleta.
“Estoy aquí esta mañana porque apoyo a un hombre que, en mi opinión, ha sido injustamente encarcelado por decir básicamente la verdad. No ha hecho nada malo. La venganza de Trump tenía largos tentáculos”, dijo a la AFP una manifestante, Myra Sands, de 78 años, en referencia a la administración estadounidense de Donald Trump.
Se produjeron algunas fricciones con la policía, que pidió a los manifestantes abandonar el lugar debido a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.
Julian Assange no será extraditado a Estados Unidos para enfrentar los cargos de espionaje y piratería informática de los que le acusa el Gobierno. La justicia británica ha rechazado la extradición del fundador de Wikileaks por motivos de salud mental.
Estados Unidos tiene ahora un plazo de 14 días para recurrir esta sentencia y su representante legal confirmó ante la corte que así lo hará. Por su parte, la defensa de Assange anunció que pedirá su libertad bajo fianza.
La Fiscalía británica, en representación de la Justicia estadounidense, ya ha indicado que recurrirá el fallo, por lo que la jueza de primera instancia deberá decidir en breve si deja a Assange en prisión preventiva mientras dura el nuevo proceso legal o si lo pone en libertad.
La decisión se produce después de semanas de audiencias y de campañas de partidarios de Assange y otros que han denunciado la demanda de EEUU como un ataque a la libertad de prensa.
La jueza británica denegó la extradición del informático por motivos de salud después de haber rechazado previamente el resto de los argumentos presentados por la defensa para justificar su rechazo a la entrega.
Por ejemplo, la magistrada descartó la alegación de los abogados de Assange de que los cargos en su contra tenían “motivaciones políticas” y de que no tendría un juicio justo en ese país.
Estados Unidos aspira a procesar a Assange por 17 delitos al amparo de su ley de espionaje y uno por la ley de fraude y abuso informático, sobre todo por la difusión en 2010 y 2011 (aunque ahora amplía el periodo de 2007 a 2015) de registros militares y otros documentos confidenciales.
Afirmando temer que Assange, cuya salud física y mental pareció muy debilitada, se quitase la vida, Morris había entregado en septiembre a la oficina del primer ministro británico, Boris Johnson, una petición con 800.000 firmas contra su extradición.
El fallo fue pronunciado en el tribunal penal central de Londres por la jueza de distrito, Vanessa Baraitser, que consideró “demostrado” que el australiano presenta riesgo de suicidio y podría quitarse la vida si es procesado en EEUU, donde probablemente sería retenido en condiciones de confinamiento.
Recluido en una prisión londinense de alta seguridad desde su detención en abril de 2019 en la embajada de Ecuador, donde vivió refugiado siete años, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel si la justicia estadounidense lo declara culpable de espionaje.
Documentos secretos
Assange y WikiLeaks se hicieron famosos en 2010 a raíz de la publicación de unos 700.000 documentos militares y diplomáticos confidenciales que pusieron a Estados Unidos en más de un aprieto.
Entre ellos figuraba un video en que se veía cómo helicópteros de combate estadounidense disparaban contra civiles en Irak en 2007, matando a una docena de personas en Bagdad, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters.
Antes de pronunciarse, la jueza Baraitser examinó detenidamente en septiembre, tras meses de retraso debido a la pandemia de coronavirus, la solicitud estadounidense para asegurarse de que no fuera desproporcionada o incompatible con los derechos humanos.
Las revelaciones en el portal digital WikiLeaks expusieron crímenes de guerra estadounidenses en Irak y Afganistán, archivos sobre las detenciones extrajudiciales en la prisión de Guantánamo (en la isla de Cuba) y cables diplomáticos que desvelaron abusos de derechos humanos en todo el mundo.
Washington le reprocha haber puesto en peligro la vida de sus informantes con la publicación de los documentos secretos sobre las acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos.
Pero para su comité de apoyo, son “cargos con motivación política” que “representan un ataque sin precedentes a la libertad de prensa”.
“El simple hecho de que este caso haya ido a los tribunales y que haya durado tanto tiempo constituye un ataque histórico y a gran escala contra la libertad de expresión”, afirmó el domingo el redactor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson.
La defensa del australiano, coordinada a nivel internacional por el exjuez español Baltasar Garzón, denunció en el pasado que el presidente estadounidense Donald Trump quería hacer con él un castigo “ejemplar” en su “guerra contra los periodistas de investigación” y Assange no tendría un juicio justo en Estados Unidos.
