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El ex teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, identificado como el presunto autor del disparo que cegó a Gustavo Gatica en noviembre del año pasado, será formalizado por tres delitos nuevos.
A Crespo, imputado por apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas contra Gustavo Gatica, lo que le provocó la pérdida de ambos globos oculares, perdiendo irremediablemente su visión, lo detuvo la PDI en agosto de este año.
Según recoge Biobío, la formalización del ex teniente se realizará en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago. En esta ocasión, será por los delitos de cuasidelito consumado de lesiones, detención ilegal y obstrucción a la investigación.
Los delitos por los que se investiga a Crespo ocurrieron el año 2018 en Huechuraba, en el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente.
En detalle, al ex funcionario de Carabineros se le acusa de disparar su escopeta antidisturbios directo al rostro de un manifestante.
El destinatario de su arma de servicio habría sido un joven de iniciales E.G.A., a quien le disparó a menos de cinco metros de distancia con su escopeta antimotines.
De acuerdo con un reportaje de Interferencia, el día que ocurrieron los hechos E.G.A se manifestaba en la Villa Huechuraba junto a un amigo. Después de lanzarle piedras a vehículos policiales, se dispuso a regresar a su casa cuando Carabineros lo rodeó y el joven comenzó a huir.
Según su declaración a Fiscalía, E.G.A. estaba acorralado por los oficiales cuando recibió el disparo desde un zorrillo, vehículo donde se encontraba Crespo. El joven relató que le habrían disparado a su rostro a menos de dos metros de distancia, mientras que Claudio Crespo contó al Ministerio Público que fue a cinco. El caso finalmente fue desestimado por el fiscal José Morales, argumentando que no tenían a su disposición antecedentes suficientes como para fundar una acusación.
Dos años después de los hechos ocurridos en Huechuraba, la fiscal jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, Ximena Chong, quien lidera a los investigadores del caso Gatica, hizo la petición de incorporar este y otros dos delitos.
En detalle, Chong pidió al tribunal tener presente que “más allá de la calificación jurídica de los hechos, se trata de delitos cometidos por un funcionario público, que vulnera el deber que pesa sobre los agentes del Estado de respetar el principio de legalidad, y los derechos y garantías de los ciudadanos”.
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