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La práctica conocida como exctractivismo consiste en la priorización de los recursos naturales con el propósito de generar y acumular riquezas en un país.
Y en el caso de Honduras, este tipo de actividad ha venido acompañada de múltiples problemas que van desde la contaminación y el desalojo de comunidades locales, hasta la pobreza e incluso asesinatos por encargo. Todo ello, con frecuencia, bajo la mirada ciega del Estado y de ciertas élites económicas.
Así, este país centroamericano se encuentra entre los entre los más peligrosos para los activistas ambientales que denuncian esta realidad y luchan contra todas las compañías que incumplen las normativas necesarias para la explotación.
En este sentido, tiene lugar una “utilización de la empresa privada, de los recursos estatales para criminalizar o para generar otros tipos de violencia: asesinatos, amenazas, intimidaciones“, manifiesta Edy Tabora, director de la Coalición de periodistas C-Libre (Comité por la Libre Expresión).
En opinión de Luis Méndez, activista del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), la actividad de muchos de esos emprendimientos de extracción perjudican a los vecinos de donde se llevan a cabo los proyectos.
“¿Qué pasa con las comunidades cuando ese capital, ese recurso financiero, sale de las comunidades?”, se preguntó Méndez. Y añadió: “No se puede tomar agua de la comunidad, tienen que importar agua de otro pueblo porque está contaminada“.
En cuanto a la cuestión de a quién pertenecen los bienes, señaló: “El concepto mismo hoy está en un gran debate, por un lado todo lo que es la empresa, el proyecto de acumulación de capital, piensan en los recursos naturales como objeto de explotación“. Sin embargo, “desde los pueblos se aborda [la perspectiva a partir de] los bienes comunes de la naturaleza, desde un enfoque más comunitario donde se tiene como centro la vida y no el capital“.
A su vez, Antonio Garofano, ingeniero electrónico y desarrollador de proyectos de energía en Honduras, precisa que en términos legales, los recursos del suelo pertenecen al Estado.
“Cuando los bienes se encuentran en propiedad privada, pasan al privado”, opina Garofano. Y añade: “Un recurso local, más que una pertenencia debería llevar beneficio al pueblo, en eso sí estamos absolutamente de acuerdo”.
“Pero muchas veces no es posible que este recurso sea explotado por el pueblo local porque se necesita tecnología, inversión, organización. Entonces, la verdad está siempre en el medio”, añade, y apunta a que la solución está en la “explotación sostenible“.
