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La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, aseguró que “muy pronto” hará la convocatoria a nuevas elecciones “transparentes”, en un nuevo esfuerzo para cesar las manifestaciones que han dejado 23 muertos en casi un mes.
Así lo indicó el domingo tras reunirse con el delegado de la Unión Europea, León de la Torre, quien también se mostró optimista por “avances en la mesa de diálogo” entre el gobierno interino y sectores leales al renunciado Evo Morales, que no especificó.
En cuanto a los futuros comicios, que no debiera pasar de enero próximo, el representante de la UE reforzó lo dicho por Áñez, tras consensuar con el partido de Morales -que tiene mayoría en el Congreso- ocurrirá “pronto”.
Según la Constitución, es el Congreso el que debe elegir a seis de los siete titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya que los anteriores fueron puestos en prisión preventiva por las irregularidades detectadas en las elecciones del 20 de octubre pasado que dieron la reelección al ahora asilado exmandatario, desatando constantes protestas e incidentes.
También, el enviado del Secretario General de la ONU, Jean Arnault, comenzó este fin de semana a reunirse con autoridades del gobierno de Áñez y organizaciones sociales en un intento de restaurar la paz.
Pero las protestas callejeras se mantienen y el principal foco del conflicto se ha concentrado en Cochabamba (centro). Allí, campesinos cocaleros chocaron el viernes con el ejército y la policía, con un saldo de nueve muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elevó a 23 el saldo de víctimas en casi un mes de protestas.
El gobierno reconoció oficialmente cinco muertos en esos hechos y el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, deslizó incluso la idea de que los propios cocaleros se disparan entre sí para generar víctimas, pues al menos un muerto “aparece con un tiro en la nuca”.
Pero el abogado estadounidense de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, Thomas Becker, dijo que estuvo en la morgue de la ciudad de Sacaba, donde ocurrieron los choques con los cocaleros, y que “todos los muertos son con impacto de bala”.
“Todos con quien he hablado dijeron que (en las manifestaciones) no había ninguna persona civil con un arma”, añadió, señalando que entrevistó a 50 personas en esa ciudad.
Asilado en México tras renunciar hace una semana, Morales escribió en Twitter que las “Fuerzas Armadas no están exentas de su responsabilidad”, al denunciar los “delitos de lesa humanidad” que “no deben quedar en la impunidad” y que considera se han cometido en la represión de las protestas.
Morales hacía referencia en su tuit a un polémico decreto del gobierno interino, aprobado el jueves y divulgado extraoficialmente el sábado, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas en la conservación del orden público. El mismo fue considerado “grave” por la CIDH.
Pero el ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, dijo que el decreto “no es una licencia para matar”.
En medio de la polémica, el ministro Murillo indicó que gracias a las gestiones del gobierno “los conflictos han bajado en un 50% en intensidad”.
En la ciudad de Cochabamba todavía ocurren “algunos enfrentamientos”, pero su fuerza “está disminuyendo”, respaldó el comandante de la Policía nacional, coronel Rodolfo Montero.
A raíz de los cortes de rutas por las protestas en varias regiones ha comenzado a sentirse el desabastecimiento de comestibles en los mercados populares y el combustible escasea en La Paz. El gobierno envió a La Paz 60 toneladas de carne y pollo.
Para poner más presión, seis sindicatos cocaleros del Chapare, feudo del dimitido exgobernante en Cochabamba, exigieron la noche del sábado “la renuncia de la autoproclamada presidente de facto Jeanine Áñez Chávez en un plazo de 48 horas”.
Entre otros nueve puntos, los cocaleros, solicitaron al Legislativo que apruebe una ley “que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días”.
Una asamblea de vecinos de El Alto, aprobó también “un cerco a la ciudad de La Paz” desde el lunes para forzar “la renuncia inmediata” de Áñez, tachando su nombramiento de “ilegal”.
Ante la situación, legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS, de Morales), que tienen mayoría en el Congreso bicameral, llamaron a las bancadas minoritarias a una reunión el lunes para “debatir sobre la coyuntura política” para “pacificar” el país, según la diputada Betty Yañíquez.
En tanto, La Habana confirmó que cuatro médicos cubanos detenidos la semana anterior por la policía boliviana habían sido liberados y llegaron a su país junto a otros 200 cooperantes, repatriados por su gobierno -de un total de 725 que trabajaban en el país andino- en medio de denuncias de acoso y maltrato a los profesionales. Un primer contingente había llegado a la isla el sábado.
