Bolivia, en medio de la division y la violencia antes de las elecciones del 18 de octubre

El 18 de octubre del 2020, un año después de la problemática elección que desató acusaciones de fraude y disturbios letales que resultaron en la salida del presidente Evo Morales del país, los bolivianos planean regresar a las urnas.

Bolivia vive momentos convulsos en su panorama político. Esta situación no es nueva en el país andino, pero a unos dias para que se celebren uno de los comicios más importantes en su historia, el pais vive violencia, manifestaciones, un pueblo con necesidad de justicia y con necesidades basicas, que pese a toda critica de opositores a Morales y de Jeanine Áñez, que se declaró presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, no ha logrado nada. Ningun gran avance. Muchos dicen que ‘todo lo contrario’, solamente mas violencia y pobreza.

Todo su gobierno tiene rasgos ‘dictatoriales’. Tuvo la gran oportunidad de hacer las cosas de manera diferente: dejar el pasado en el pasado, respetar los derechos humanos y fortalecer la independencia del poder judicial. Pero la conservadora de derecha prefirió pagarles a Morales y a sus partidarios con la moneda de la venganza y destruccion. Ahora Morales seguirá las elecciones desde su exilio en Argentina, donde reside junto a su familia actualmente. El lema actual de Áñez es “ojo por ojo, diente por diente”: lo aplica organizando una cacería de los partidarios de Morales y no tiene contemplaciones al acusar a su antecesor de terrorismo. El resultado: caos, disturbios, pobreza y una crisis nacional.

No es una forma muy ejemplar de establecer un precedente en la historia de Bolivia , tampoco en el de latinoamerica, sobretodo cuando critica a su antecesor y no logra hacer de su gobierno algo mejor. Se le ha culpado de ser complice, entre otras cosas, del derrocamiento de Morales, y ser parte de un “plan” para culparlo de fraude electoral.

Jeanine Añez, despues de ser la segunda vicepresidenta del Senado, se proclama presidenta transitoria el 12 de noviembre, en una sesión accidentada del Parlamento y sin quórum tras una seguidilla de renuncias a la sucesión constitucional. El Tribunal Constitucional respalda la transición. Evo Morales arriba a México para pedir asilo. El mandatario saliente denuncia “un golpe de Estado”.

Durante el 24 de noviembre, la presidenta Áñez firma una ley de convocatoria a nuevas elecciones que en principio fueron fijadas para el 3 de mayo.

Entre el 20 de octubre y el 27 de noviembre un total de 32 personas pierden la vida en enfrentamientos violentos y en protestas antigubernamentales. Muchas vidas se perdieron durante la represión de las fuerzas de seguridad.

El 10 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) califica de masacres las muertes ocurridas en el barrio alteño de Senkata y en la localidad de Sacaba durante operativos militares. Entre las víctimas, hay seguidores del ex- presidente Morales, y hay denuncias que indican que eran acciones dirigidas directamente a ellos, no fueron ni “casualidades” ni “coincidencias”.

Áñez lanzó una cruzada de venganza sin la más mínima consideración por las pérdidas que esto podría ocasionar. Un caso simbólico fue el de Patricia Hermosa, el cual Human Rights Watch siguió meticulosamente, y que incluso el experto César Muñoz considera una “consecuencia absurda e incomprensible de las violaciones de los derechos humanos”.

Hermosa, ex- jefa de gabinete y abogada de Morales, fue enviada a prisión por ‘sospecha de terrorismo, financiación del mismo y sedición’. Su único delito fue una llamada telefónica a Evo Morales. En el momento de su encarcelamiento, Hermosa estaba embarazada, y por ello, según la ley boliviana, no debería haber estado en prisión. Sin ningún tipo de atención médica, perdió a su hijo en la cárcel. Pero, incluso después de eso, el Poder Judicial no la dejó ir, porque, según el juez, Hermosa ‘ya no estaba embarazada’.

 

César Muñoz también se abrió camino a través de la acusación de 1.500 páginas contra Evo Morales por cargos de terrorismo y financiamiento del terrorismo. “Hemos contado las pruebas de que cometió esos delitos terroristas: ¡son exactamente cero! Todo se basa en una conversación privada en la que Morales sí dice cosas inquietantes. ¿Pero que debería estar 20 años tras las rejas? Eso es absolutamente desproporcionado “.

Inmediatamente después de asumir el cargo, la “presidenta interina” Áñez emitió un decreto por el cual las Fuerzas Armadas fueron absueltas de cualquier responsabilidad en caso de excesos de violencia contra los manifestantes. Las investigaciones sobre quién tuvo la responsabilidad por la gran cantidad de muertos en octubre y noviembre de 2019 no avanzaron ni un poco en el lapso de casi un año.

En cambio, el gobierno se apega a su versión oficial de que los manifestantes se mataron entre sí, aunque no se encontraron armas entre los fallecidos. Se han ignorado decenas de testimonios de que los perpetradores fueron funcionarios del gobierno. Por esto, el gobierno de Jeanine Áñez si culpa a Evo Morales de dictatorial y corrupto, deberia revisar sus propias filas primero.

En estos tiempos es casi imposible encontrar a alguien que tenga una visión neutral e imparcial de Bolivia. El español César Muñoz es uno de ellos. Él ha trabajado para la organización no gubernamental Human Rights Watch durante seis años y conoce Bolivia como la palma de su mano. “La justicia como arma – la persecución política en Bolivia” es el título de su último informe, que revela sin reparos que Bolivia va camino de volver a la Edad de Piedra.

Su conclusión después de 90 entrevistas con políticos, activistas de derechos humanos y testigos de la violencia: “Lo que Bolivia necesita es una reforma judicial. Se necesita un Poder Judicial independiente, que no esté allí para perseguir a los opositores políticos, y que no se utilice como un arma política.”

Jeanine Áñez tampoco pudo evitar echar más leña al fuego cuando dejó la candidatura. Advirtió sobre la pérdida de la democracia y el regreso a la dictadura de Evo Morales. Pero ahora es ella la culpada de ser dictadora. Bolivia, que tiene graves problemas debido a las más de 7.600 muertes por el coronavirus y un sistema de salud desbordado, cuenta con temor los días que faltan hasta las elecciones. Todavía faltan algunos dias, y no hay paz a la vista.

Obstaculizando el camino hacia unas elecciones justas e irrebatibles se encuentra la pandemia del COVID-19, que ahora azota a gran parte de América del Sur y ya ha obligado a posponer las elecciones. Un obstáculo aún más sustancial para poner fin a las secuelas de la renuncia de Morales, sin embargo, son las divisiones políticas de Bolivia que continúan acentuándose por discusiones sobre las elecciones del 2019 y la legitimidad del sistema electoral en general.

La polémica sobre el papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyas controversiales denuncias de manipulación jugaron un papel importante en que los rivales de Morales rechazaran los resultados, suma otra complicación. A menos de que las autoridades electorales, con el apoyo de organismos multilaterales y socios extranjeros, puedan darle certeza al electorado de que sus votos serán contados correctamente, y que ninguna de las partes tenga pretexto alguno para impugnar los resultados, las nuevas elecciones podrían incendiar, en lugar de estabilizar, el país.

“La debacle del 2019 y las agudas tensiones del último período de los catorce años de Morales en el poder son una sombra que se cierne sobre las próximas elecciones.”

La autoridad electoral recientemente constituida ha trabajado arduamente para generar confianza y dejar atrás los problemas del 2019. Pero la polarización entre los partidarios y rivales de Morales ha alcanzado un punto máximo.

Los opositores de Morales consideran que la elección del 2019 fue fraudulenta, permitiéndole al ex- presidente evitar una segunda vuelta en la que probablemente habría perdido. Observadores internacionales, especialmente de la OEA, señalan que lo que alegan es evidencia de manipulación durante el conteo de los resultados, entre otras irregularidades.

En contraste, los aliados de Morales describen su salida como un golpe de Estado. Sus afirmaciones recientemente fueron respaldadas por estudios académicos en los EE. UU. que cuestionan la metodología utilizada por la OEA para llegar a algunas de sus influyentes conclusiones.

Es poco probable que las investigaciones señalen con certeza que ocurrió, ciertamente no antes de las próximas elecciones, lo que significa que ambas partes cuestionarán el proceso con percepciones contrarias de quién tuvo la culpa de la crisis del 2019. Otra elección sobre la que haya dudas y sospechas alimentaría las divisiones políticas en Bolivia y podrían provocar más disturbios.

Desde las elecciones, el papel de la OEA ha sido cada vez más polémico. Las críticas se han centrado en su análisis estadístico de los patrones de votación, con el que pretendía mostrar que un aumento tardío en el apoyo a Morales durante el conteo de los resultados era tan improbable que evidenciaría un fraude. Poco después de que el TSE declarara a Morales ganador en la noche del 21 de octubre, la OEA, utilizando una metodología de conteo rápido para verificar los resultados, argumentó que los datos del TSE después de la interrupción diferían de manera sospechosa de los vistos el día anterior.

Más tarde, en el informe de los auditores, la OEA reafirmó su evaluación inicial y agregó que “la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable, y que su proclamación se dio por un aumento masivo e inexplicable de los votos del MAS en el 5 por ciento final del cómputo”.

Expertos sobre América Latina en universidades de EE. UU. han señalado lo que identifican como falencias en ese argumento. Reconocen evidencia de irregularidades en las elecciones de octubre, pero no encuentran pruebas de manipulación intencional.

Según un estudio de los datos electorales originales realizado por académicos de la Universidad de Tulane y la Universidad de Pensilvania, un “error de codificación llevó a la OEA a excluir por equivocación las observaciones correspondientes al último 4,1 por ciento de los votos”. Cuando se incluyen esos votos, argumenta el estudio, no hay un salto brusco, como asi lo declararon en ese entonces.

Los académicos también afirman que el método cuantitativo de la OEA no es el adecuado para detectar este tipo de discontinuidad, y que cualquier salto en los votos desaparece cuando se utilizan técnicas estadísticas estándar. Si bien el porcentaje de votos de Morales aumentó a medida que avanzó la noche, el estudio alega que esto no necesariamente es evidencia de fraude. La misma tendencia se presentó en las elecciones del 2016 aprobadas por la OEA y puede ser el resultado de recintos de votación rurales, donde Morales goza de mayor respaldo, que envian sus resultados más tarde, como puede ocurrir en cualquier elección del mundo. Los analistas del Laboratorio de Ciencia y Datos Electorales del MIT realizaron mil simulaciones para tratar de predecir la diferencia entre los votos de Morales y Mesa utilizando solo los votos verificados antes de que se interrumpiera el conteo. Esos estudios concluyeron que, de hecho, el candidato del MAS obtuvo una ventaja superior al 10 por ciento.

Los actores internacionales pueden ayudar. La ONU, la UE y los países donantes deberían continuar trabajando conjuntamente para darle a las autoridades electorales bolivianas el apoyo técnico que necesitan para organizar unas elecciones limpias a pesar de las dificultades planteadas por el COVID-19.

Particularmente, debido a la controversia sobre el papel de la OEA, la UE, el Centro Carter y la Unión Interamericana de Organismos Electorales deberían reforzar sus labores de observación y monitoreo electoral, con presencia física si la pandemia lo permite.

Los esfuerzos diplomáticos deben ser liderados dentro de Bolivia por la UE, la ONU, quienes pueden aprovechar el capital político que obtuvieron durante su mediación en la crisis postelectoral del 2019. Deben instar a todos los partidos políticos a abstenerse de atacar a la autoridad electoral y acatar los resultados electorales o, si no los consideran justos, cuestionarlos en los tribunales, para asi evitar la violencia entre la poblacion y en las calles.

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