El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, incluyó en el indulto navideño de este año a policías y militares condenados por crímenes no intencionados cometidos en operativos o en situaciones de peligro.
Por ahora se ignora el número de agentes que podrán beneficiarse de esta medida inédita, firmada la noche del lunes y publicada este martes en el Diario Oficial de ese país.
Se trata del primer indulto de este tipo del gobernante de 64 años, que asumió hace casi un año su mandato con la promesa de mano dura contra el crimen y de fuerte respaldo a la labor de las fuerzas de seguridad, muy criticadas por las organizaciones de derechos humanos por sus supuestos excesos.
“El decreto concede indulto a los agentes públicos que componen el sistema nacional de seguridad pública (policías federales, policías civiles, policías militares, bomberos, entre otros) que, en el ejercicio de su función o como resultado de ella, hayan cometido crímenes culposos o por exceso culposo – o sea, crímenes cometidos sin intención”, informó el comunicado del Palacio Planalto.
La indulgencia también beneficia a los miembros de las fuerzas de seguridad que hayan sido condenados por actos cometidos en sus días de descanso con la intención de “eliminar el riesgo existente para sí mismo o para terceros”.
En ese caso, precisa la nota presidencial, se justifica por dos motivos: por el riesgo inherente a la profesión, que los exponen constantemente al peligro; y por el hecho de que tienen el deber de reaccionar para evitar crímenes incluso cuando están fuera de servicio”.
También serán indultados militares condenados por crímenes involuntarios, “cometidos en determinadas hipótesis” como operaciones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), una facultad constitucional que permite llamar a tropas en circunstancias específicas y ha sido usada con mayor frecuencia en los últimos años ante el aumento de la violencia.
Aclara también que quedan excluidas del beneficio personas condenadas por “crímenes horribles” como tortura, terrorismo o corrupción, así como las que hayan cometido infracciones disciplinarias graves.
La incorporación de miembros de las fuerzas de seguridad en el indulto va en la línea de lo que el mandatario defendía en el llamado “paquete anticrimen”, la propuesta de ley de su ministro de Justicia, el exjuez Sergio Moro, para evitar condenas contra policías en operativos, alegando la “legítima defensa”.
Este punto, que según algunos sectores puede generar impunidad entre los policías y elevar el ya disparado número de muertos en acciones policiales, fue retirado del proyecto por el Congreso.
Pero el gobierno volvió a enviar al Legislativo un proyecto de ley específica sobre ese asunto.