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El organismo afirmó que, a la fecha, tiene documentados tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual. “La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”, expuso la directora para las Américas del organismo.
“Política deliberada para dañar a manifestantes apunta a responsabilidad política de mando”, ese es el nombre con el que se titula el informe de Amnistía Internacional respecto a las denuncias de exceso de fuerza policial.
Y es que a poco más de un mes desde que se originó la crisis social han surgido una gran cantidad de acusaciones por violaciones a los derechos civiles y los DD.HH. Las estadísticas aportadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), indican que cinco personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2.300 han resultado lesionadas.
Funcionarios de Amnistía visitaron Chile para dar cuenta de esta situación. El estudio señala que se han reportado 23 casos de violaciones de derechos humanos en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Bío-Bío, Antofagasta, Coquimbo, del Maule y La Araucanía.
En un punto de prensa, Pilar San Martín, investigadora para contextos de crisis, dio a conocer que “la organización ha obtenido evidencia del uso innecesario de y excesivo de la fuerza a través de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos en verificación digital, armas y municiones”.
“Amnistía Internacional ha podido documentar cinco muertes por agentes de seguridad durante el estado de emergencia constitucional que activó el presidente Piñera el 19 de octubre: cuatro a manos de de funcionarios del Ejército y una a manos de Carabineros. Dos de ellas fueron con armamento militar”, exponen.
Añade el reporte que “además de un caso de muerte por tortura policial, Amnistía Internacional ha documentado, por ahora, tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual”.
“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, plantea Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Así, puntualiza que “garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”.
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