La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe, luego de la visita que hiciera a Bolivia entre el 22 y 25 de noviembre, tras una invitación del Gobierno de facto, donde hace 16 recomendaciones relacionadas con el respeto por los derechos humanos, la libertad de expresión y la actuación de los cuerpos de seguridad.
De igual modo, solicita que se haga una “investigación internacional independiente” sobre los hechos registrados en el país andino tras el triunfo en primera vuelta del dimitido presidente Evo Morales, que fue desconocido por el candidato opositor Carlos Mesa y los presidentes de los comités cívicos, entre ellos Luis Camacho.
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En el texto, la CIDH muestra su acuerdo con la nota diplomática del 10 de diciembre, firmada por el Gobierno de facto, donde se afirma que “está plenamente de acuerdo” en esa investigación internacional donde se indagarán en los “hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre octubre y diciembre del 2019”.
Según se explica en el documento, el “eje central” de las observaciones y hallazgos del organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha sido responsabilizado por Morales de participar en un golpe de Estado en su contra, son los “indicios de violaciones de derechos humanos, con profundas repercusiones sobre la vida de la sociedad boliviana”.
Masacres de manifestantes
En el informe, el organismo se ha referido al “excesivo uso de la fuerza” en las operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como a la emisión del Decreto Supremo No. 4.078 para “eximir de responsabilidad penal” a los militares que hubieran participado en acciones de orden interno.
Como ejemplos de la actuación desmedida de los uniformados en contra de civiles, cataloga como masacres las muertes ocurridas en Sacaba, Cochabamba, del 15 de noviembre, y en Senkata, en El Alto, del 19 de noviembre, en las cuales fallecieron al menos 18 personas durante un operativo militar y policial. Además se refiere a las muertes registradas el 11 de noviembre en la Zona Sur – Pedregal del municipio de La Paz.
Por ello, recuerda que los “actos de violencia” de ninguna manera “pueden quedar amparados por ningún tipo de amnistía o exención de responsabilidad para los agentes del Estado”.
Hasta el 27 de noviembre, la comitiva de la CIDH contabiliza 36 personas fallecidas y más de 800 heridos en Bolivia en medio de las protestas.
Las peticiones de la CIDH
Entre las 16 peticiones está el respeto y la garantía del derecho a la protesta, la libertad de expresión y la actuación de los cuerpos de seguridad apegada a los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza.
De igual modo, se recomienda “suspender el despliegue masivo de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía por las calles” y “cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas”.
Sobre las denuncias de detenciones arbitrarias, se exhorta a “realizar una revisión legal independiente” de todas las imputaciones durante las protestas y liberar a quienes estén detenidos de forma injustificada.
Además, se pide desmantelar los grupos armados violentos y establecer un plan de atención y reparación a las víctimas.
En cuanto al personal diplomático asilado en las embajadas de México y Argentina, se pide entregarles salvoconductos para que puedan obtener asilo y refugio.
Finalmente, se solicita el compromiso de instalar un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Bolivia.
