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La esperanza de una paz duradera en Colombia se podría disolver y afectaría a la región, que enfrenta la crisis social y migratoria venezolana.
El que fuera segundo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, conmocionó este jueves 29 de agosto de 2019 a la comunidad internacional al anunciar que formó una nueva guerrilla y que retomaron las armas.
Márquez efectuó el comunicado en un video rodeado de hombres armados. Entre estos, Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, y Hernán Darío Velásquez, “El Paisa”. Ambos dejaron de cumplir sus compromisos con la Justicia Especial para la paz (JEP) hace meses.
Como respuesta, el presidente Iván Duque ofreció una recompensa de $ 872.345 para quien dé información que permita capturar a los tres ex- jefes de las FARC, guerrilla que se disolvió como parte de los acuerdos de paz suscritos en 2016.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, lamentó el anuncio del exlíder de las FARC de retomar las armas y reiteró su respaldo al proceso de paz del gobierno colombiano. “Continuamos apoyando el proceso de paz, que este sea siempre el camino de nuestro vecino amado”, reiteró.
La ministra de Gobierno ecuatoriana, María Paula Romo, calificó como graves los planes de Márquez. “Un anuncio gravísimo contra la paz y la seguridad de Colombia con efectos en Ecuador y la región”, escribió en un tuit.
Sebastián Mantilla, director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (Celaep), en diálogo con EL TELÉGRAFO alertó sobre las consecuencias para Ecuador de un nuevo conflicto armado en Colombia.
“Si la situación se agudiza en los próximos meses, la violencia terminará con una repercusión de desplazados colombianos hacia países vecinos”, detalló el experto.
La firma del Acuerdo de Paz entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y los líderes de las FARC, conocida también como “proceso de paz en Colombia”, fue el resultado de arduas negociaciones. Con la mediación de Cuba, Noruega, Chile y Venezuela, el 24 de noviembre de 2016 se selló la paz entre el gobierno y los guerrilleros.
Iván Márquez argumentó que desde la firma de la paz, “y del desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada” no se detienen las matanzas. “En dos años, más de 500 líderes del movimiento social fueron asesinados, y ya suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la indolencia de un Estado”, detalló.
El guerrillero añadió que el “incumplimiento de los compromisos por parte del Estado, los montajes judiciales y la inseguridad jurídica”, los obligan a regresar al monte.
Victoria Sandino, senadora del partido FARC, formado tras la desmovilización, indicó que solo al 9,4% de los 11.000 exguerrilleros que se acogieron al pacto se los asignó en proyectos productivos.
Sebastián Mantilla especificó que la situación en Colombia se complicó porque el presidente Duque siguió la línea dura del expresidente Álvaro Uribe. No la de Santos.
“Parecería que en el Gobierno no hay la intención de avanzar y profundizar en el proceso de paz. Hasta cierto punto no sé si la situación de guerra y conflicto es beneficiosa en términos económicos para ciertos sectores”, analizó el experto.
En contraste, el politólogo Gabriel Orozco consideró que el Estado sí cumple con los acuerdos y que desde las negociaciones las FARC estaban fraccionadas.
De acuerdo con datos de la Fundación Paz y Reconciliación, 1.800 guerrilleros disidentes están involucrados en actividades criminales, como el tráfico de drogas, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro organizado. Ellos actúan de manera dispersa, sin una estructura de liderazgo clara.
Según Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, el líder de las FARC, más del 90% de los excombatientes siguen comprometidos con lo acordado, pese a las dificultades. “Estamos con la paz”, afirmó.
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