Los colombianos empezaron a protestar este jueves en rechazo del gobierno de Iván Duque, que enfrenta la mayor convocatoria en su contra justo en momentos en que su popularidad está en rojo tras quince meses de haber asumido el poder.
El variopinto grupo de convocantes, que incluye sindicatos, estudiantes, indígenas, ambientalistas y opositores de Duque, llamaron a un paro nacional en las ciudades principales e intermedias de Colombia contra las políticas económicas, sociales y de seguridad del mandatario conservador.
“Es un acumulado de situaciones que esperamos nosotros que, así sea en una gran mesa nacional de concertación, empecemos a revisar todo esto luego de la jornada”, explicó a AFP Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo.
En Bogotá se observaba en la mañana una inusual reducción del flujo vehicular y de peatones, aunque las autoridades daban un parte de “tranquilidad” pese a una serie de bloqueos en el sistema de transporte masivo y vías.
En la capital se desplegaron unidades militares a pedido de la alcaldía para proteger “instalaciones estratégicas”.
Otras ciudades siguieron la misma estela, que provocó la “preocupación” de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Los Estados deben limitar y condicionar al máximo el uso de las fuerzas militares para el control de disturbios internos”, indicó en un comunicado.
Las centrales obreras convocaron a la protesta social el mes pasado, y desde entonces se les sumaron diversos sectores que medirán el pulso de Duque, incapaz de consolidar mayorías en el Congreso y con duros reveses de su partido, el derechista Centro Democrático, en las elecciones locales de octubre.
El presidente reconoció el miércoles en una alocución televisada la legitimidad de algunos reclamos, aunque reiteró que hay una campaña basada en “mentiras” contra su administración que busca desatar la violencia.
“Al tiempo que reconocemos el valor de la protesta pacífica, también garantizaremos el orden”, afirmó.
El movimiento obrero rechaza supuestas reformas gubernamentales para flexibilizar el mercado laboral y cambiar el sistema de pensiones, los indígenas exigen protección luego del asesinato de 134 comuneros desde que asumió Duque, y los estudiantes, más recursos para la educación pública.
Todos cuestionan las políticas económicas del gobierno, su política de seguridad enfocada en el combate del narcotráfico y su intento de modificar el pacto de paz que llevó al desarme de la exguerrilla FARC en 2016.
El llamado paro nacional ha generado una especial expectación por la convulsión social que, sin denominador común, ha sacudido a Ecuador, Chile y Bolivia.
Colombia ordenó el cierre de sus fronteras hasta el viernes para garantizar la “seguridad”.
