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Después de varias reuniones que tuvieron mucha repercusión de prensa -mas poca acogida en materia de medidas concretas-, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, envió este mensaje al Presidente Sebastián Piñera al comenzar la noche de este martes 17 de marzo imploraba: “Reiteramos solicitud de cerrar funcionamiento de regiones afectadas por #COVID19, solo manteniendo servicios de primera necesidad. Todas las medidas que hoy aparecen exageradas mañana serán insuficientes. #CuarentenaNacional”.
Poco después, la reconocida epidemióloga María Paz Bertoglia representaba: “Hay suficientes camas críticas? No. ¿Hay suficientes ventiladores? No. ¿Hay suficientes ECMOs? (oxigenación por membrana extracorpórea) No. Si no promovemos estricto aislamiento social, próntamente médicos tendrán que decidir a quién ingresar y a quién dejar morir. El Gobierno debe actuar ahora #CuarentenaNacional”.
Pese a esta y a otras muchas otras advertencias previas, Piñera se resiste a aplicar el confinamiento total, a controlar los precios de los insumos básicos para detener la curva de contagio y a tomar cualquiera de las medidas que la urgencia nacional exige.
Si hay avances en la protección de la población, se deben a la ciudadanía movilizada. En efecto, recién el lunes 16 el mandatario decretó el cierre parcial de las fronteras y un día antes, la suspensión de clases. Esto último, tras decisiones en este sentido de rectores universitarios (de la UC y la Universidad de Chile) y de alcaldes y alcaldesas, pero no como resultado de una definición de la autoridad sanitaria, que el mismo domingo había ratificado que habría clases.
No existen dos lecturas: las formas que ha tenido el Presidente Piñera y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, de abordar la crisis, son poco rigurosas y no están basadas en las recomendaciones de la comunidad científica.
De hecho, mucho tienen de burla. Hace ya algunas semanas, cuando se anunciaba que el virus llegaría, el propio Mañalich ingresó a La Moneda repartiendo alcohol gel a los periodistas previo a una comparecencia ante los medios. Hacía esto al mismo tiempo que el Gobierno permitía la especulación de precios de medicamentos e insumos de higiene, y la mercantilización de test de Coronavirus.
Para muestra un último botón. Este martes 17 Mañalich declaró: «No hay motivo para tener pánico. Esta enfermedad afecta a pocas personas, la mayoría con síntomas leves”. Ese mismo día, El País de España difundía un informe del Imperial Collegge de Londres que predecía 250.000 muertes en Reino Unido y hasta 1,2 millones en EEUU como resultado del brote de Coronavirus.
Lo curioso es que el mismo día la vocera del gobierno, Karla Rubilar, sostenía en un matinal de televisión que un 70% de los chilenos podrían contagiarse con el Coronavirus. Estamos hablando del orden de 12 millones de personas.
La importancia de decretar la cuarentena la corroboró el doctor en biotecnología Tomás Pérez Ocle este mismo martes. “Actualización 17/03 con 201 infectados #SARSCOV2 #COVID2019 #CoronaVirusEnChile. Sin #CuarentenaNacional habrá 10.000 infectados al 31/03 – 01/04″, escribió.
Es tan calamitosa la situación que la noche de este martes 17 el muy tibio senador Felipe Harboe conminó a Piñera a actuar: «Es evidente el aumento explosivo de contagiados por Coronavirus, es hora de decretar el estado de catástrofe por calamidad pública y cuarentena nacional con restricción de libertades y fijación de precios de productos de primera necesidad”, sostuvo.
Pero, aunque algunas de estas decisiones han sido tomadas en las últimas horas, tardíamente, es necesario hacer otras reflexiones. ¿Qué característica particular posee esta crisis? Pues bien, la principal es que no se trata de una crisis puramente sanitaria: requiere un abordaje intersectorial, de mayor profundidad al que se le ha dado en la actualidad. Involucra la economía y hacienda pública, así como también el mundo de la educación y, por cierto, el del trabajo.
Pero, ¿de qué manera han intervenido las autoridades de estas carteras? Solo llamando a la calma y a no abandonar los puestos de trabajo, a pesar de los riesgos que esto involucra, ya que el COVID-19 presenta altas tasas de contagio. Esto ocurre en circunstancias en que el sistema de salud no se encuentra preparado para recibir a la gran cantidad de personas que requerirán atención.
Según las cifras del Minsal, en abril ya habrán más de 40 mil contagiados. Las mil camas de UCI y las 10 mil de atención común se harán nada para contener la demanda, y las personas morirán sin ser atendidas, tal como ocurre en Italia y España, y tal como ha ocurrido en Chile antes de la expansión de este Coronavirus.
Las declaraciones de los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; del Trabajo, María José Zaldivar; y de Economía, Lucas Palacios, en orden defender la postura del mundo empresarial, según la cual los malls deben mantenerse abiertos pese al evidente riesgo que corre la salud de quienes allí se puedan contagiar, son irresponsables y rayan en lo criminal.
También dan razón al planteamiento del historiador Gabriel Salazar en orden a que en Chile gobierna una oligarquía mercantil, que es la que propone y dispone, aún en las más difíciles circunstancias.
Pero como expresión del alzamiento de la sociedad chilena ante las injusticias del sistema y del galopante vacío de poder existente, trabajadoras y trabajadores de centros comerciales, así como de la construcción y servicios públicos, han paralizado faenas exigiendo la cuarentena y, con ello, su derecho a la vida.
Finalmente es posible concluir que el actual gobierno posee una perspectiva ideológica que no considera herramientas de planificación intersectorial ni tampoco de Derechos Humanos, especialmente de mujeres y ancianos, los más afectados con esta crisis. Está claro: Piñera y Mañalich prefieren proteger el negocio oligárquico –la “economía sana”, dicen ellos- en vez de la salud de la población.
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