El ataque represivo contra indígenas en Argentina reabre el debate sobre la violencia institucional
Policías irrumpieron en un domicilio de la comunidad qom con armas, detuvieron a varias personas y atacaron sexualmente a mujeres.
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Los recurrentes casos de violencia institucional ejercida por las fuerzas de Seguridad en Argentina se agravaron esta semana con el ataque de policías provinciales a una comunidad indígena que incluyeron golpes, disparos, allanamientos y abusos sexuales contra mujeres.
La agresión ocurrió el domingo pasado y fue [rml_read_more]reportada en las redes sociales por la Revista Cítrica, un medio autogestionado por sus trabajadores, que difundió las imágenes grabadas por las víctimas, lo que permitió que las denuncias se replicaran y que se ejerciera presión sobre las autoridades.
En los videos se puede ver cómo los policías entran a los gritos y con violencia en la casa de una familia Qom, una comunidad indígena de la provincia del Chaco, que está ubicada en el norte del país que padece condiciones endémicas de pobreza.
Sin mostrar ninguna orden de allanamiento, los agentes, algunos de ellos vestidos de civil, entraron por la fuerza, dispararon balas de goma y de plomo y golpearon a un joven que trató de impedir su ingreso, mientras Elsa Fernández, la dueña de la casa, filmaba con su celular y pedía llorando que por favor detuvieran la agresión.
Los policías la ignoraron y detuvieron a sus hijos Daiana y Cristina, a su sobrino Alejandro y a una vecina de nombre Rebecca, y los llevaron a una comisaría, en donde a ellos los golpearon de manera repetida hasta provocarles lesiones en las costillas. A las dos detenidas, una de ellas menor de edad, las manosearon además de golpearlas.
La brutalidad continuó cuando les gritaron “indios infectados”, los rociaron con alcohol y los amenazaron con incendiarlos, luego de acusarlos de haber provocado daños durante una protesta en la comisaria realizada horas antes.
“Me abracé a mis dos hijos para que no les pegaran”
Elsa Fernández, la mujer que grabó el allanamiento ilegal, afirmó en un video que fue difundido por la Mesa Multisectorial Feminista de Chaco, que se atemorizó cuando vio que decenas de policías rodeaban la comunidad.
“Me abracé a mis dos hijos para que no les pegaran, pero uno de los policías me sacó pegándome con el arma reglamentaria en la cara, a mi hija de once años la agarraron de los pelos, la tiraron al suelo y le pegaron patadas, la arrastraron una cuadra hasta la comisaría, explicó.
Uno de los jóvenes detenidos relató que los pusieron boca abajo, que por lo menos tres policías saltaron sobre ellos y que los golpearon hasta el amanecer.
La Mesa Multisectorial Feminista advirtió que este no es un caso aislado porque la represión y persecución a los jóvenes de los barrios populares por parte de las fuerzas policiales es una constante.
En medio del repudio y de las denuncias que se multiplicaban en las redes sociales, la ministra de Seguridad de Chaco, Gloria Zalazar, anunció que los policías involucrados en el operativo ya habían sido separados de sus cargos y que el gobierno provincial se presentará como querellante en la causa judicial.
El caso tomó fuertes dimensiones porque se conoció justo cuando se están llevando a cabo movilizaciones multitudinarias en EE.UU. para denunciar y repudiar el racismo, a raíz del asesinato de George Floyd cometido por un policía. Ante el apoyo de usuarios de las redes sociales en Argentina a las protestas en territorio estadounidense, otros activistas recordaron que la agresión a los Qom de Chaco demuestran que el racismo y la discriminación también persisten aquí.
La presión social también logró que el presidente Alberto Fernández se pronunciara a favor de las víctimas de Chaco, a pesar de que es una provincia gobernada por Jorge Capitanich, su compañero de partido. Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, celebró que el gobierno provincial sea querellante de la causa y advirtió que las sanciones políticas y judiciales son la mejor acción para erradicar esta problemática.
Por el contrario, desde el gobierno nacional todavía no se han pronunciado sobre el caso de Luis Espinoza, un trabajador rural de 31 años que estuvo desaparecido durante una semana en la provincia de Tucumán, después de ser agredido por policías.
Su cuerpo fue encontrado el 22 de mayo, tirado en un barranco, por lo que actualmente hay 11 detenidos, nueve de ellos policías. Las pericias ya demostraron que la bala que lo mató salió del arma de uno de los agentes.
La violencia de las Fuerzas de Seguridad es una denuncia constante en Argentina, y que atraviesa a gobiernos de diferentes signos políticos, tal y como refieren en sus informes anuales la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que en su último reporte indicó que en los últimos cuatro años 1.833 personas fueron asesinadas por policías provinciales, federales y privados; gendarmes, agentes penitenciarios y prefectos.
