La presión social de las permanentes denuncias contra la brutalidad de los Carabineros en Chile se intensificó durante el fin de semana, luego de que un artista callejero fuera asesinado por un agente y de que un joven, que había sido detenido por violar la cuarentena, apareciera muerto en una celda.
«No les creemos», fue uno de los lemas viralizados este lunes en las redes sociales, en respuesta a las justificaciones de Carabineros que alegan plena inocencia en ambos casos.
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La tensión es latente, ya que se multiplicaron las convocatorias a marchas para repudiar a una institución cuyo desprestigio se ha profundizado desde el estallido social ocurrido en 2019, debido a sus tácticas represivas. De acuerdo con una encuesta publicada en noviembre del año pasado, solo el 36 % de la población aprueba la actuación de Carabineros. El pueblo pide la abolicion de la institucion chilena.
El debate está marcado por la duda de qué hacer con esta fuerza, ya que las posturas van de una intervención civil, una refundación, una reforma o, de plano, su desaparición.
Como dijo el escritor Jorge Baradit:
«No sirve una manito de pintura para carabineros.
Necesitamos cerrar una institución militarizada que durante nuestra historia ha protagonizado masacres, degollamientos, asesinatos, desfalcos, persecuciones y torturas.
Necesitamos una policía civil dependiente de civiles.»
La respuesta la podrían dar los 155 convencionales constituyentes que serán electos el próximo 11 de abril y que tendrán la tarea de redactar la nueva Constitución de Chile que, en uno de sus apartados, analizará y rediseñará, el rol de las Fuerzas Armadas y de las policías en Chile.
Mientras las protestas sociales en contra de Carabineros son frecuentes y toman las calles tras cada nuevo caso de abuso, el presidente Sebastián Piñera suele reaccionar con una defensa incondicional.
El viernes, Francisco Martínez, un joven artista callejero de 24 años, fue acribillado de cinco balazos a plena luz del día en Panguipulli, una ciudad ubicada en el sur de Chile.
Le disparó el sargento Juan González Iturriaga, un carabinero que le exigía que mostrara su cédula de identidad, a lo que Martínez respondió que no la tenía. Cuando intentaron detenerlo y llevarlo a una comisaría, Martínez habria comenzado a agitar los machetes con los que solía hacer malabares en las calles (version carabineros).
Los otros dos carabineros que acompañaban a González Iturriaga declararon que el joven amenazó de muerte al agente y que, supuestamente, este tuvo que defenderse a tiros.
La desproporción del operativo, el hecho de que Martínez fuera ampliamente conocido en la comunidad y que lo ejecutaran (los primeros dos disparos en las piernas ya lo habían inmovilizado, no habia necesidad de dispararle mas) , desataron la indignación y los reclamos de mayor parte de la poblacion chilena para derogar una ley aprobada en el 2016, que autoriza a Carabineros a detener a todo aquel que no porte su carnet, y que ha sido el pretexto para innumerables abusos injustificados en contra la ciudadanía.
Durante la tarde del viernes, el carabinero fue detenido mientras los pobladores montaban un altar con velas y flores en el lugar en donde el joven artista había sido masacrado. Por la noche, la ira social se tradujo en disturbios que culminaron con la quema de la municipalidad, que fue calcinada por completo, y enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes que les arrojaban piedras y todo objeto que pudieran.
El sábado, las marchas masivas se replicaron en Santiago y en otras ciudades del país. La respuesta de Carabineros fue la de siempre: una violenta represión con gases lacrimógenos, persecuciones y golpes. Lo mismo ocurrió en el velorio de la víctima. La institucion chilena no termina con la violencia contra su propio pueblo, y el pueblo chileno esta aburrido de que las cosas nunca cambien. Se necesita urgente un cambio.
«Nadie se suicida en una comisaria»
En medio de la indignación por el asesinato del malabarista, un nuevo caso exacerbó en pocas horas las críticas a Carabineros. Se registro la muerte del joven Camilo Miyaki (27) al interior de la 51° comisaria de la comuna Pedro Aguirre Cerda. Supuestamente habría sido un suicidio, pero dentro de la celda en la que se encontraba no era visible para las cámaras, provocando una gran confusión en la familia.
A las 11:30 del domingo 8 de febrero, Camilo Miyaki, un joven de 27 años, fue detenido junto con su pareja por no portar salvoconducto de circulación e infringir así los protocolos sanitarios por la pandemia. Ambos fueron llevados a la Comisaría 51, en Santiago, pero al poco rato a ella la liberaron.
Más tarde, la joven le llevó comida a Miyaki y, en medio de una confusa escena, los carabineros la sacaron a empujones. Luego le confirmaron que su pareja se había suicidado en la celda. Estaba ahorcado.
«Sabemos que las circunstancias del deceso de Camilo son extrañas, sobre todo porque en la celda en la que él se encontraba se generaba un punto ciego que no permitía ver lo que sucedía con el detenido (…) cabe destacar que su pareja indica que Camilo no tenía antecedentes de enfermedades de salud mental, que tenían planes y proyectos», destacó un comunicado del Observatorio Nacional de Derechos Humanos.
En los medios de comunicación y en las redes sociales se expandió la desconfianza hacia los carabineros y se recordaron otros casos de personas que supuestamente se han suicidado durante sus detenciones, muchas veces sin que las muertes sean completamente aclaradas.
Por otra parte, el fiscal Juan Cheuquiante Arce aseguró que, después de inspeccionar el lugar, no hay pruebas de que «terceras personas» hayan participado en la muerte de Miyaki, aunque todavía resta esperar los resultados de la autopsia.
La historia de Carabineros manchada con sangre
La historia de la institucion chilena lleva decadas de malfuncionamiento, y los abusos y la corrupcion dentro de sus filas no son exactamente novedad.
Fue el 27 de abril de 1927 que Carlos Ibánez del Campo, quien ejerció las funciones de vicepresidente de la República y de comandante general del Cuerpo de Carabineros al mismo tiempo, quien decidiera fusionar los distintos cuerpos de policías y de orden para controlar su poder e pugna de la época. Poder, que fue seguido por los próximos gobiernos con masacres como la de Ranquil, con 477 muertos o la misma dictadura militar que mantiene aún a miles de desaparecidos y una constitución que defiende el derecho de la propiedad privada. Esto da derecho a que muchas propiedades privadas no se puedan investigar debidamente, y es muy didicil entrar a elllas.
La militarización en Carabineros de Chile comienza durante los primeros años del siglo XX. Otto Zippelius, connotado miembro del partido nazi- alemán, fue profesor de la Escuela de Carabineros y del Instituto Superior de Carabineros creado en 1939.
Según cuenta el historiador Carlos Maldonado Prieto, la primera actuación militar de Carabineros en actividades policiales se remonta a 1887, cuando el Escuadrón de Carabineros del Ejército comenzó a cooperar esporádicamente con la policía de Santiago o Guardia Municipal. Sin embargo, a partir del problema social en el sur por la falta de trabajo y sujeción a la tierra, en 1896 se conforma un “Cuerpo de Gendarmes de las Colonias” a cargo del ex veterano de la Guerra del Pacífico, Pedro Hernán Trizano, con el fin de servir de policía rural en Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia y Llanquihue reprimiendo brutalmente, en forma despiadada y sin control.
La militarización de esta institucion chilena se instala a inicios del siglo XX, cuando en 1902 entra el Ejército a destinar un escuadrón de Gendarmes para combatir el “bandolerismo”. El general Emilio Körner, líder de la «prusianización» del Ejército, dirigió personalmente en 1906 la operación de fusión de los antiguos Gendarmes del sur y los del Ejército, constituyendo así el regimiento de Carabineros. Esta unidad militar comenzó contando sólo con 1.500 hombres, con destacamentos en Antofagasta, Tocopilla, Taltal, Santiago y Malleco, y hasta su propia Escuela de Carabineros, abierta en 1908.
Finalmente, en 1927 nace “Carabineros de Chile”, institución comandada y promovida por Carlos Ibañez del Campo, en su triple calidad de comandante del Cuerpo de Carabineros del Ejército y de ministro de Guerra e Interior. En esta oportunidad se unen las policías fiscales -conocidas como azules o pacos- y el Cuerpo de Carabineros dependiente del Ejército -llamados verdes o básicos-, y su carácter militar se consagraron en la Ley Orgánica de Carabineros del 23 de diciembre de 1927.
Nazis en Carabineros
El coronel Otto Zippelius, uno de los líderes de los instructores alemanes del Ejército, fue profesor de la Escuela de Carabineros y del Instituto Superior de Carabineros, creado en 1939, hasta el año 1941 -iniciada ya la guerra-, cuando pasó a retiro. En la foto debajo se muestra la Reunión del Movimiento Nacional Socialista de Chile (Santiago de Chile, año 1940). Algunos de los presentes en la reunión: el industrial alemán Conde Matuschka de la compañía Siemens-Schuckert, Walter Stanke, Herr von der Werth y Otto von Zippelius, un ex instructor militar en Chile.
Pese a profesar públicamente la prescindencia política, el influjo germano parece haber sido incontrarrestable. De otro modo no se explica la activa participación de Carabineros – sobre todo su Orfeón- en actos que organizaban los nacional socialistas alemanes en Chile, representados por los funcionarios de la embajada, las instituciones que agrupaban a la colonia alemana avecindada -casi completamente infiltrada por el elemento nazi- y los propios instructores teutones.
No parece explicable como muestras de simple hospitalidad y menos de neutralidad, la presencia sistemática de Carabineros, por ejemplo, en las festividades del plebiscito del Sarre, el aniversario de la toma del poder por los nazis, la conmemoración en honor del jefe nazi Wilhelm Gustloff y del general Erich Ludendorff, el cumpleaños de Hitler, la fiesta del NSDAP -partido nazi- con motivo del 1º de mayo, el Día del Soldado del Club Militar Alemán, e incluso en el recibimiento de Willi Köhn, jefe del partido, a su regreso del Congreso de Nürnberg de 1936. Precisamente el coronel Otto Zippelius, instructor de Carabineros, era un connotado miembro del partido nazi alemán -así como otros de sus colegas- y, en esa calidad, dirigía el Club Militar Alemán, una organización que tenía por objeto hacer confraternizar a uniformados alemanes y chilenos en torno a los postulados de admiración hacia Alemania y sus instituciones militares. Fue corriente que, con motivo de actos públicos organizados por los instructores alemanes, se realizara activa propaganda a favor de la «Nueva Alemania» y se analizara la posición de los uniformados chilenos a favor de Alemania en la guerra que se iniciaba. No solamente altos oficiales de las Fuerzas Armadas -y sobre todo del Ejército, en retiro y en servicio activo-, sino que también personal de Carabineros eran asiduos visitantes de dichos eventos, muchos de los cuales se realizaban en los propios cuarteles y regimientos chilenos.
El libro de Victor Farias, «Los Nazis en Chile» describe muy bien la conexion de esta entidad con lo militar, y posteriormente su adoctrinamiento con las «Fuerzas especiales», la ‘policia’ chilena, en conclusion, Carabineros de Chile.
«El filósofo e historiador Víctor Farías, de la Universidad de Berlín y la Universidad Andrés Bello (Chile), nos revela en este libro la relación de Chile con el Tercer Reich. El estudio de numerosos documentos inéditos, conservados en su mayoría en el Archivo Secreto del Estado de Prusia (gsta, Geheimes Staatsarchiv), le permitió al autor dar cuenta de las actividades del partido nsdap en Chile, la organización nazi más numerosa y eficiente de América Latina, los experimentos raciales nazis con niños chilenos –destinados a ratificar que Chile, «país bastardo», suponía un peligro genético para la pureza racial de la colonia alemana–, las entusiastas actividades del cuerpo diplomático de Chile, el soborno de las altas autoridades políticas de la nación, la presencia de médicos chilenos en los campos de concentración y trabajo alemanes, la asistencia de magistrados de las Cortes de Justicia chilena a los juicios del Tribunal del Terror (Volksgerichtshof), las redes del espionaje alemán, el trabajo que altos oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas desarrollaron en las instituciones nazis y, por último, la sorprendente correspondencia entre Salvador Allende y Simon Wiesenthal sobre los alemanes nazis refugiados en Chile y el carácter internacional de la jurisdicción.»
La creación de las Fuerzas Especiales
La década de los años sesenta produjo un cambio significativo para la policía, pues en la medida en que se hacían más álgidas las tensiones sociales y por ende la lucha política en el país, Carabineros fue adquiriendo un perfil cada vez más enfocado a la lucha antisubversiva. Esto se vio reflejado en el surgimiento de destacamentos antimotines y en el aumento de la asesoría y equipamiento provenientes de los Estados Unidos. Desde 1962 Carabineros comenzó a usar cascos para actuar en manifestaciones públicas, y el 9 de febrero de 1963 se creó el Grupo Móvil, una unidad especializada en lucha contra manifestantes, pero la impopularidad de las medidas represivas que llevó a cabo el Grupo Móvil de Carabineros, motivó que una de las primeras medidas del gobierno de Salvador Allende fuera la de disolver este destacamento. Incluso, la Junta de Gobierno Militar tuvo que recomponer el nombre casi inmediatamente después del Golpe, rebautizándolo con el nombre de Fuerzas Especiales.
Los abusos al pueblo mapuche en Chile
Desde el gobierno de Ricardo Lagos, los crímenes contra el pueblo mapuche han dejado varias víctimas fatales. Los casos de Alex Lemun o Matías Catrileo se han transformado en verdaderas banderas de lucha para este pueblo originario.
Pero si hay un sector en el cual se han ensañado particularmente el Estado chileno y sus fuerzas represivas, es contra las comunidades mapuche en resistencia. La conquista del territorio mapuche en la mal llamada “Pacificación” es uno de los hechos fundantes del Estado chileno moderno. Allí conservan y generan un inmenso negocio, principalmente, las empresas forestales, uno de los principales rubros de la economía, en manos de un puñado de familiares: los Matte y Angelini poseen, entre ambas familias, 2 millones de hectáreas, que han ido usurpando paulatinamente a las comunidades mapuche.
Esas mismas comunidades fueron prácticamente el primer sector en levantarse contra el Estado chileno post dictadura exigiendo la recuperación de sus tierras ancestrales.
Y el Estado, ya sea a través de la Concertación o de la derecha, ha impulsado una política represiva. Sentaron las bases de la militarización permanente de La Araucanía, con presencia policial continua, en fundos y forestales, pero también en caminos, carreteras, pueblos y ciudades, con Fuerzas Especiales, el GOPE y ahora último el Comando Jungla, entrenado en Colombia.
Una represión cotidiana y permanente, a través de persecución, prisión política a los dirigentes del pueblo mapuche, a sus líderes espirituales como la Machi Franscisca Linconao, allanamientos cotidianos a comunidades, y también ¡a escuelas! Como ocurrió con el caso de la Escuela G-816 donde hubo niños de corta edad intoxicados por los gases lacrimógenos, o montajes como la Operación Huracán que se cayó a pedazos.
Entre el 2011 y el 2017 se han recibido 133 denuncias de niños que han sufrido violencia policial. Emblemático es el caso también de Brandon Hernández Huentecol, joven de 17 años que recibió 140 disparos de perdigones en su espalda por parte de un miembro de Fuerzas Especiales.
Y luego, los asesinatos. Las cifras reconocidas hablan de 15 comuneros muertos en democracia. Es probable que sean más. Ningún carabinero ha pagado con prisión por estos crímenes, que generalmente tienen un punto en común: disparos por la espalda, ataques cobardes. Y un final común a todos los asesinatos: impunidad policial.
Este es el trato del Estado de chile, de los partidos patronales, contra las comunidades mapuche.
Durante las movilizaciones contra el asesinato de Camilo Catrillanca y exigiendo justicia, comenzó a oírse la demanda de la desmilitarización de La Araucanía nuevamente. Una exigencia que ha sido parte de las luchas y reivindicaciones del pueblo mapuche por décadas.
Es una cuestión fundamental exigir que el Estado retire sus fuerzas represivas de los territorios que desde tiempos ancestrales le pertenecen a las comunidades.
Esta es una medida que debe darse en el marco general de la gran lucha del pueblo mapuche por la devolución de las tierras ancestrales, y fundamentalmente, por el derecho a la autodeterminación, lucha que sólo se conquistará en firme alianza con las y los trabajadores y la juventud.
En julio del año 2002, los hermanos Agustina Huenupe Pavian y José Mauricio Huenupe Pavian morían asesinados en un proceso de recuperación de tierras. Decenas de colonos de la zona habrían cometido el crimen.
Meses después, el cuerpo sin vida de Jorge Antonio Suárez Marihuan aparecía, un 11 de diciembre, en la ribera del río Queuco. Según el informe forense, el deceso fue provocado por lesiones de terceros. De acuerdo con la familia de la víctima, un agente no identificado habría pagado a colonos del sector para eliminar al comunero, en represalia por sus constantes participaciones en recuperaciones de tierra.
El 12 de noviembre del 2002 fallecería quien se ha transformado en uno de los símbolos de la lucha del pueblo mapuche. Alex Lemun Saavedra tenía solo 17 años. Durante una recuperación de tierras, fue impactado por una bala disparada por el mayor de Carabineros, Marco Aurelio Treuer. El joven mapuche agonizó durante cinco días.
El año 2004, Julio Alberto Huentecura Llancaleo murió en la ex Penitenciaria de Santiago, víctima de una puñalada de otro reo, un reo común, y he ahí el problema: el comunero mapuche jamás debió estar preso junto a reos comunes, pues había sido procesado en el marco del conflicto mapuche, por lo que debía pasar a prisión política en el sur de Chile.
Zenén Alfonso Díaz Nécul, joven mapuche de 16 años, murió atropellado en Puerto Montt el año 2005, cuando un camión forestal pasó un corte de carretera y lo embistió hasta quitarle la vida.
La madrugada del 3 de septiembre del 2005, fue José Gerardo Huenante Huenante quien cayó. El joven mapuche de 16 años fue subido a una patrulla de Carabineros perteneciente a la 5ta Comisaría de Puerto Montt. Hasta hoy se desconoce su paradero.
Juan Collihuin Catril, de 71 años, murió en su domicilio el año 2006, cerca de Nueva Imperial, luego de un allanamiento que fue considerado irregular por no contar con la autorización correspondiente. La víctima sufrió un impacto de bala disparada por el sargento Juan Mariman.
Bajo el primer mandato de Michelle Bachelet, ocurrió otro de los casos simbólicos que han marcado el conflicto mapuche los últimos años. Se trata del asesinato de Matías Catrileo Quezada, quien fue baleado por el cabo segundo de Carabineros, Walter Ramírez. Los hechos sucedieron durante la toma del Predio Santa Margarita, el 3 de enero del 2008.
Johnny Cariqueo Yañez murió de un infarto el 31 de marzo del 2008, después de recibir una brutal golpiza por parte de carabineros de la 26° Comisaría de Pudahuel.
El 12 de agosto del 2009, Jaime Facundo Mendoza Collío es asesinado tras la toma del fundo San Sebastián, en la comuna de Ercilla. Fue el cabo Miguel Patricio Jara Muñoz quien le disparó por la espalda alegando legítima defensa. Para demostrar aquello, se escudó en impactos de balines que tenía su chaleco antibalas, sin embargo, el posterior peritaje del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones demostró que los impactos eran posteriores a la fecha del asesinato.
Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera es asesinado Rodrigo Melinao Lican. El joven fue encontrado muerto la madrugada del 6 de agosto del 2013. Fue ultimado con un disparo de escopeta a corta distancia en el tórax.
Mientras Michelle Bachelet ejercía su segundo mandato, es asesinado José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil. El primero de octubre del 2014 fue atropellado intencionalmente por un tractor en el fundo Nilpe, comuna de Galvarino.
El 29 de octubre del 2014, Víctor Manuel Mendoza Collio, primo de Jaime Mendoza Collio, falleció después que
dos sujetos no identificados entraran a su casa y le dispararan en el tórax, frente a su hija de seis años de edad.
El historial de violencia contra el pueblo mapuche no es una novedad en nuestro país. El asesinato de Camilo Catrillanca es una de las tantas manifestaciones fatales de una política de Estado que ha sido condenada por diversos organismos internacionales, como la ONU y Amnistía Internacional.
El año 2018 sacudió a la sociedad chilena con la muerte de Camilo Catrillanca, por las circunstancias en las que ocurrió y por el comportamiento de las autoridades al respecto, prevaleciendo las mentiras y el ocultamiento de la información en el tratamiento del hecho.
Desde el año 2001 comienza una oleada de asesinatos a comuneros mapuche a manos de agentes policiales y civiles, estos crímenes se asocian a una política institucional en donde la responsabilidad de los gobiernos de la Concertación fueron nulas, la inhabilidad de hacer algo para cambiar esto se repite en cada unos de sus gobiernos en donde en ningun momento se han modificado los métodos represivos y criminalizadores contra el pueblo mapuche con las leyes que dejó la dictadura militar de Pinochet. En ninguno de estos gobiernos se lucho por la justicia al pueblo Mapuche, menos por su defensa, pudiendo los mandatarios hacer algo.
La muerte de mapuche a manos de los organismos del Estado chileno no ha sido un hecho ausente a partir de 1990, tanto en movilizaciones por recuperación de tierras, como en otras circunstancias. Asimismo, han ocurrido muertes en las que no ha se ha identificado a los responsables. Hasta la fecha se identifican 17 muertes y una detención con resultado de desaparición.
En primer lugar, se puede identificar a quienes han sido asesinados por agentes represivos:
1. Alex Lemun Saavedra de 17 años fue impactado por una bala disparada por carabineros durante una recuperación de tierras en noviembre del 2002. El responsable primero fue sobreseído por la Fiscalía Militar de Valdivia, pero el año 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que el caso debía ser tramitado por la justicia civil, por lo que Marco Aurelio Treuer, mayor en retiro de carabineros fue formalizado por el delito.
2. Juan Lorenzo Collihuin Catril de 71 años, lonko de la comunidad Bollilco Grande, recibió nueve impactos de una ráfaga de sub-ametralladora UZI cuando carabineros irrumpió en la comunidad en septiembre de 2006, en un allanamiento que fue considerado irregular. Se responsabilizó al sargento Luis Marimán Levío. Sin embargo, la Fiscalía Militar decidió absolver al funcionario en el año 2012.
3. José Huenante Huenante de 16 años, en septiembre del año 2005 fue subido a una patrulla de carabineros de Puerto Montt, al día siguiente, su familia fue a la comisaría a la que se lo habían llevado y les negaron haber visto al menor, e incluso haberlo detenido. Hasta hoy se desconoce su paradero, por lo que se le considera el primer detenido desaparecido en democracia. Por su desaparición se presentó una querella por el delito de sustracción de menor en contra del sargento Juan Ricardo Altamirano Figueroa y los cabos Patricio Alejandro Mena Hernández y César Antonio Vidal Cárdenas, quienes en 2009 fueron dados de baja, pero luego se reintegraron a la institución. Sin embargo, el caso pasó a la justicia militar y se abrió una arista por falsificación de documento, por la que en 2016 fueron formalizados los uniformados.
4. Matías Catrileo Quezada de 22 años, murió el 3 de enero del 2008 cuando un grupo de 30 comuneros ingresaron al fundo Santa Margarita, a nombre de Jorge Luchsinger y reclamado por la comunidad Lleupeco Vilcún. En esta circunstancia es impactado por una bala por la espalda y muere minutos después. El caso fue revisado por la Fiscalía Militar de Valdivia, que nuevamente determinó que el crimen se ejecutó en defensa propia, y condenó a 3 años y un día de presidio bajo el régimen de libertad vigilada por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte al carabinero Walter Ramírez. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema.
5. Johnny Cariqueo Yáñez de 23 años, muere el 31 de marzo del 2008, tras una brutal golpiza propinada por carabineros del GOPE y de la Comisaría 26º de Pudahuel, luego de inaugurada la plaza “29 de marzo”, dedicada a los luchadores sociales caídos en dictadura y en democracia. También había participado de una manifestación por el Día del Joven Combatiente. Sufría problemas cardíacos, por lo que se atribuyó a ello la causa de muerte y no a las agresiones que propinaron los uniformados.
6. Jaime Mendoza Collío de 24 años, murió el 12 de agosto de 2009. Participaba en la ocupación del fundo San Sebastián de Angol, al abandonar el lugar recibió un disparo por la espalda de un carabinero del GOPE. El examen forense demostró que Mendoza no había utilizado ningún arma de fuego, y en 2010 se confirmó que Miguel Patricio Jara Muñoz había recurrido a un montaje –mostrando perdigones incrustados en su caso– para probar la tesis de la legítima defensa. La justicia militar lo condenó a una pena de 5 años y un día, pero la Corte Marcial de Santiago lo absolvió al año siguiente. Finalmente, en 2013 la Corte Suprema revirtió la determinación, y lo condenó a tres años y un día, por lo que pudo acceder al beneficio de libertad condicional.
7. Camilo Marcelo Catrillanca Marín de 24 años, nieto del lonco Juan Catrillanca e hijo del presidente de la comunidad Ignacio Queipul Millanao, Marcelo Catrillanca. Fue muerto por un disparo que recibió por la espalda el 14 de noviembre de 2018 en la comunidad de Temucuicui, durante un operativo llevado a cabo por la unidad del GOPE llamada «Grupo de Reacción Táctica», y bautizada por la prensa como «Comando Jungla». Catrillanca viajaba junto a un adolescente de 15 años en un tractor cuando recibió un disparo en la parte posterior inferior de la cabeza. Fue trasladado a un centro asistencial de la localidad de Ercilla, donde murió mientras recibía atención médica. El Juzgado de Garantía de Collipulli determinó que los cuatro excarabineros formalizados por homicidio, homicidio frustrado, destrucción de evidencia y obstrucción a la justicia tendrán dos meses de prisión preventiva, plazo para que la fiscalía investigue los hechos. Se dictaminó que tres de los imputados –Raúl Ávila, Carlos Alarcón y Patricio Sepúlveda- cumplan la medida cautelar en Temuco, mientras que Braulio Valenzuela lo hará en Cañete.
En otras circunstancias han muerto:
8. Agustina Huenupe Pavian y José Mauricio Huenupe Pavian asesinados el año 2002 por civiles en el sector de Cauñicu, en la región del Biobío, cuya comunidad había iniciado un proceso de recuperación de tierras en el fundo San Luis, que otra comunidad también reclamaba. De acuerdo a distintos relatos, en el ataque en que fueron asesinados participaron tanto colonos como integrantes de la otra comunidad mapuche. Sin embargo, fueron condenados solo quienes pertenecen al segundo grupo, siendo imputados el año 2012, posteriormente la Corte Suprema rebajó las penas para los responsables a 10 años y un día, y 7 años y un día por homicidio simple.
9. Julio Alberto Huentecura Llancaleo de 30 años, muere el 26 de septiembre del año 2004 en la ex Penitenciaria de Santiago víctima de una puñalada de un reo común. Huentecura no debía estar preso junto a reos comunes ya que había sido procesado en el marco del conflicto mapuche, por lo que debía pasar a prisión política en el sur de Chile. Nació en la población Herminda de la Victoria, fue el menor de cuatro hermanos, mientras que sus padres provenían de la comunidad Taife, Carahue (región de la Araucanía).
10. José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil de 32 años, muere el 1 de octubre del 2014 asesinado luego de haber sido atropellado con un tractor por un inquilino del fundo Nilpe, en la comuna de Galvarino, en un proceso de identificación y recuperación de tierras. Por este crimen en 2014 se condenó por homicidio a José Cañete Paredes con una pena de 5 años y un día de presidio. Posteriormente fue absuelto de todos los cargos.
11. Patricio González y Luis Marileo Cariqueo de 23 y 24 años respectivamente, mueren en junio de 2017 por los disparos del exsargento de carabineros Ignacio Gallegos Pereira en Ercilla, dueño del fundo “El Encino” de los Sauces, por un presunto robo de caballos. Se argumentó que el exsargento los asesinó en “legítima defensa”, pero la autopsia arrojó que los disparos fueron recibidos por las espaldas. También tenían heridas en brazos y piernas y marcas de tierras, lo que implica que habrían sido arrastrados y colocados en el lugar donde se les encontró. Se presentaron querellas por homicidio calificado y la causa se ha mantenido sin avances sustantivos.
12. Juan de Dios Mendoza Lebu era tío de Jaime Mendoza Collio, muere el 31 de diciembre de 2018. Llevaba tres días desaparecido cuando su cuerpo es encontrado tras el desalojo del fundo Huiñako en la comuna de Ercilla, donde comunidades mapuche denunciaron disparos de parte de efectivos del GOPE, con lesiones atribuibles a terceros. El Tribunal de Angol ordenó la prisión preventiva para los comuneros Bernardo Ulises Neculpan (32 años), y el primo del lonko Antonio Ricardo Lebu (25 años), quienes fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) y formalizados por homicidio. El Ministerio Público cuenta con un plazo de investigación de cuatro meses.
Por otro lado, sin identificación de responsables fueron asesinados:
13. Jorge Antonio Suárez Marihuan de 27 años, muere el 11 de diciembre de 2002. Era hermano del Lonko de la comunidad de Malla Malla en el Alto Biobío, e integrante del proceso de recuperación de tierras. Su cuerpo fue encontrado en la ribera del río Queuco, luego de haber estado desaparecido por seis días, con evidencias de golpes y torturas. Según el informe forense, el deceso fue provocado por lesiones de terceros. La comunidad denuncia que se trató de un homicidio por encargo de un agente policial no identificado, quien habría pagado a colonos del sector para eliminar al comunero en represalia por su constante participación en recuperaciones de tierra.
14. Zenén Alfonso Díaz Nécul de 16 años, murió el año 2005 atropellado en Puerto Montt por un camión forestal que pasó un corte de carretera y lo embistió hasta quitarle la vida, nadie ha sido procesado.
15. Rodrigo Melinao Lican, de 27 años. Tenía cuatro hijos y era un reconocido dirigente mapuche perteneciente a la comunidad Los Lolocos de la comuna de Ercilla. Fue asesinado el 6 de agosto del 2013 con un disparo de escopeta a corta distancia en el tórax y encontrado en al interior de la parcela Nº4 del sector Chiguaihue, en Pidima. Hasta ahora no se ha dado con el o los responsables de su muerte.
16. Víctor Manuel Mendoza Collío de 27 años, Werkén del Lof Manuel Pillan y primo de Jaime Mendoza Collio. Murió el 29 de octubre del 2014 cuando dos desconocidos llegaron a su casa, en el sector de Pidima de la comuna de Ercilla, y le dispararon un tiro al tórax en presencia de su hija de 6 años.
No nos olvidemos del caso de Macarena Valdés, que fue encontrada colgada en las vigas de su casa el 22 de agosto de 2016 en Tranguil, region de Los Rios. Carabineros y el Servicio Médico Legal calificaron entonces la muerte como un suicidio. Segun las nuevas autopsias, que se han tenido que llevar en forma independiente, se ha llegado a la conclusion de que Macarena fue asesinada por Carabineros de Chile, y que no fue un suicidio. Macarena fue levantada hacia la viga ya muerta, para aparentar un suicidio.
En ese tiempo, despues de la muerte de Macarena, su familia descartó aquella posibilidad y advirtió que se trataba de un asesinato generado en el marco de una lucha que ella estaba llevando a cabo en su comunidad Newen de Tranguil contra el proyecto hidroeléctrico de la compañía austriaca RP Global. Por la movilización Macarena y su familia habían sido previamente amenazados.
Constatamos esto hechos para no olvidar tantas muertes, tantas tragedias y como antecedente de la actuación de las instituciones del Estado de Chile y de sus agentes represivos en el marco del denominado conflicto mapuche, visibilizando la vigencia de las graves violaciones a los derechos humanos de comuneros y miembros de este pueblo indígena, así como la escasa justicia alcanzada a la fecha. Carabineros de Chile no hace ningun aporte en la justicia chilena, tampoco cumpliendo con su deber como institucion. Es una institucion que presenta una inhabilidad e incapacidad de existir en la forma que lo hace actualmente.
Constatamos esto hechos para no olvidar tantas muertes, tantas tragedias y como antecedente de la actuación de las instituciones del Estado de Chile y de sus agentes represivos en el marco del denominado conflicto mapuche, visibilizando la vigencia de las graves violaciones a los derechos humanos de comuneros y miembros de este pueblo indígena, así como la escasa justicia alcanzada a la fecha. Carabineros de Chile no hace ningun aporte en la justicia chilena, tampoco cumpliendo con su deber como institucion. Es una institucion que presenta una inhabilidad e incapacidad de existir en la forma que lo hace actualmente.A nivel latinoamericano, en tanto, los expertos coinciden en que Chile ha estado rezagado en materia de reconocer los derechos indígenas y pluriculturales. El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, en vigor desde 1991, fue ratificado por Chile recién el 2008. «Si pensamos en Colombia, Bolivia, México o Ecuador, todos tienen reconocimientos indígenas más avanzados”, señala Dr. Olaf Kaltmeier, profesor de Historia Iberoamericana e investigador del conflicto mapuche, de la Universidad de Bielefeld.
Ya lo anunció el desprestigiado Ministro del Interior Andrés Chadwick, con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado (en sus palabras) “a quienes cometan violencia grave” en La Araucanía, donde redoblarán la presencia de Carabineros. Es una medida que ya ha usado anteriormente el gobierno de Piñera y se trata de una ley que viene de los tiempos de la dictadura de Pinochet. Por su parte, la Sociedad Nacional de Agricultura, no dudó en aplaudir la medida, porque para ellos “reestablece las confianzas”.
El gobierno aplica mano dura para reprimir al pueblo mapuche y garantizar la estabilidad de las ganancias de los grandes empresarios de la zona, manteniendo la impunidad en el caso Catrillanca.
Esta situación no viene de la nada. El gobierno está debilitado, desgastado y cuestionado. Es presionado además por sectores más conservadores como José Antonio Kast, que se ubica como el defensor de Carabineros, o como la diputada Camila Flores de RN, que se declara pinochetista. Y el gobierno, para no perder base social, aumenta la represión.
Este clima que genera el gobierno y la derecha, ha sido el caldo de cultivo para el desarrollo también de una serie de amenazas contra activistas y dirigentes sociales en la ciudad de Valparaíso, ciudad que ya se vio remecida con la muerte del dirigente Alejandro Castro, quien, denuncian, fue asesinado pero se hizo pasar por un suicidio.
El carácter estructural de la represión y Carabineros
Los hechos represivos no son cosa ni de estos meses, ni de este gobierno. Son parte estructural y fundante del Estado chileno, especialmente del Chile neoliberal instaurado durante la dictadura, cuyos pilares se mantuvieron en pie luego de la transición pactada. Carabineros, particularmente las Fuerzas Especiales, organizadas como un grupo de choque para reprimir violentamente a todo quien se movilice, han sido una base indispensable para mantener la herencia pinochetista y asegurar la gobernabilidad de la Concertación y la derecha.
No hay sector que se escape de la acción de la brutalidad de Carabineros. Hasta un conductor de Uber fue baleado por un carabinero el año pasado.
Los estudiantes han sido víctimas recurrentes de los ataques. El 2018 fue escandaloso el caso de Cristhian García, atropellado por un furgón de Fuerzas Especiales, sufriendo rupturas múltiples de huesos. O el caso de Rodrigo Avilés, que fue alcanzado por un chorro del carro lanza aguas, disparado a pocos metros contra su cabeza, y estuvo al borde de perder la vida el año 2015. Recordemos tambien a Gustavo Gatica, un joven estudiante que estaba tomando fotos de las manifestaciones, cuando Carabineros lo dejo ciego de por vida. Lo mismo le ocurrio a Fabiola Campillai, una mujer trabajadora, que cuando iba en camino hacia su trabajo perdio la vision de por vida por los perdigones disparados por Carabineros. En Chile no existe la justicia, las familias no son indemnizadas, tampoco son juzgados los hechores de estos daños tremendos que causan en la vida de las personas. En Chile nadie toma responsabilidad de nada, menos Carabineros, que deberia ser su labor de proteger a su poblacion, no dejarlos lisiados de por vida, o aun peor, muertos.
El informe de Amnistia Internacional aqui lo dice.
Esos no son casos aislados. Decenas de denuncias saltan cada movilización de vejaciones, de acoso sexual de parte de funcionarios contra estudiantes, muchas veces menores de edad, toqueteos, estudiantes obligados a desnudarse al interior de las comisarías, casos de carabineros pasando sus genitales sobre la cara de jóvenes, diversos tipos de torturas.
También tienen muertes a su haber. Como el asesinato de Daniel Menco en 1999, o de Manuel Gutiérrez el 2011. O Como la de Nelson Quichillao, minero asesinado por Fuerzas Especiales en El Salvador el 2015. O la de Rodrigo Cisterna, trabajador forestal que murió luego de una ráfaga de balas disparadas en su contra el 2007. Crímenes que se mantienen en impunidad.
Reacciones
Los reclamos por desaparecer o intervenir civilmente a Carabineros se han multiplicado. Una de las voces más contundentes fue la de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, una comuna de Santiago, quien criticó al gobierno por no tener el control de la Policía.
«Se hace necesario una intervención civil inmediata que detenga la autonomía operativa de Carabineros que no entienden nada de derechos humanos», dijo al cuestionar también la arbitrariedad con la que los agentes llevan a cabo la Ley de Control de Identidad.
Preocupado por la crisis que atraviesa Carabineros a raíz del asesinato de Camilo Catrillanca, de los escándalos de montaje y corrupción, Piñera ya anunció que se requiere una “profunda modernización de Carabineros”. Los partidos del régimen buscan reformar esta instancia para recomponer su autoridad. Saben que sin represión no pueden mantener la gobernabilidad al servicio de los capitalistas. Así la derecha y sectores de la ex Concertación quieren maquillar la institución manteniendo los pilares centrales de la policía militarizada que legó la dictadura.
Frente a estos intentos de autorreforma, sería un importante paso que las distintas organizaciones sindicales, estudiantiles, del movimiento de mujeres y de Derechos Humanos, impulsaran una gran campaña por la disolución de las Fuerzas Especiales de Carabineros, contra la represión y la desmilitarización de La Araucanía.
La desmovilización de Fuerzas Especiales no pondrá fin a la represión, porque las FF.EE son sólo un cuerpo dentro del entramado que constituyen las fuerzas represivas de conjunto. No hay reforma ni mejora posible de la represión, o de la institución que la ejerce: hay que eliminarla. Mientras existan, habrá represión.
Por el contrario, Piñera interrumpió sus vacaciones para defender a los agentes y rechazar la derogación de la ley que autoriza la verificación aleatoria de la identidad ciudadana.
«El control preventivo es un instrumento legal, útil y necesario para proteger el orden público y la seguridad ciudadana, en consecuencia, todas las personas tienen que permitir que se practique, no resistirse. Por otra parte, Carabineros cuando practica el control tiene que cumplir con los protocolos», aseguró después de lamentar la muerte del artista callejero.
Recordó que los protocolos regulan el uso de la fuerza y de las armas de fuego, que solo están permitidas en casos extremos de legítima defensa.
«Como gobierno, le hemos pedido a Carabineros que entregue toda la información disponible a la Fiscalía para que investigue y a los tribunales de justicia para que juzguen si se cumplieron los protocolos y si se respetaron los derechos de las personas», dijo.
También aseveró que la institución cuenta con 60.000 hombres y mujeres, «que todos los días se levantan, cumpliendo un compromiso, una vocación, y ese compromiso y vocación es proteger el orden público, la seguridad de los ciudadanos, proteger nuestra integridad física y nuestras vidas y muchas veces arriesgando sus propias vidas, como lo demuestran los miles de mártires que tiene Carabineros».
Por esa razón, expresó su «respaldo y apoyo» a una fuerza que, insistió, «es la primera línea en la defensa del orden público, la seguridad ciudadana, el Estado de derecho y la democracia».
Millones de chilenos no piensan lo mismo, y por eso esta semana se replicarán multitudinarias movilizaciones.
