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La ruta constituyente fijada en el acuerdo de noviembre pasado, estableció el plebiscito de entrada que se llevará a cabo el próximo 25 de octubre. De ganar la opción ‘Apruebo’ y la ‘Convención Constitucional’, en abril se deberá elegir a través de las urnas -y con el mismo reglamento que las elecciones parlamentarias- a los 155 convencionales que integrarán el órgano y se dedicarán a la redacción de la nueva Carta Magna. El mismo acuerdo establece que todos los artículos de ésta deberán ser aprobados con un quórum de ⅔, es decir, en la práctica, el apoyo de al menos 103 integrantes de la Asamblea.
¿Cómo lograr una mayoría así de amplia que logre impulsar cambios profundos? Es ahí donde está el principal desafío de quienes buscan dejar atrás el actual modelo e impulsar cambios profundos en el país.
¿Cómo sucedi lóa negociación?
La negociación no fue fácil. Dirigentes de todos los sectores políticos -a excepción del Partido Comunista (PC)-, permanecieron largas horas en el Parlamento discutiendo e intentando consensuar una fórmula que dejara a todos más o menos satisfechos.
Finalmente, a eso de las 2 de la mañana (hora chilena) del viernes 15 de noviembre, salió humo blanco para sustituir la Carta Magna que hoy rige en Chile y que fue creada en el régimen militar de Augusto Pinochet.
Fue en este contexto de protestas que el 15 de noviembre de 2019, parlamentarios opositores y oficialistas firmaron un documento llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución.
La actual Constitución Política de Chile fue promulgada en 1980 durante la dictadura cívico militar (1973 – 1989). Desde entonces se han hecho cambios parciales, pero sin redactarla de nuevo por completo.
La Constitución es la mayor de todas las leyes, es un documento con los principios o reglas que establecen bajo que normas se establece el Estado de Derecho, además de cómo se organiza el Estado, con sus respectivas separaciones de Poderes, la constitución actual de Chile, nos rige desde su promulgación el año 1980.
A grandes rasgos, el pacto estableció la convocatoria de un referendo en abril de 2020 y en el que los chilenos tendrán que responder dos preguntas: primero, si quieren o no una nueva Constitución; y, segundo, qué tipo de órgano debería redactarla. Despues esta fecha se cambiaria al mes de octubre, a causa de la pandemia del covid- 19.
Estos fueron los puntos más importantes pactados en ese entonces:
El primer punto más relevante del acuerdo era la realización de un plebiscito
donde los chilenos deberán responder dos interrogantes:
¿Quiere usted una nueva Constitución?
Apruebo o rechazo.
¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?
Convención mixta (constitucional) o convención constitucional.
¿Cuál es la diferencia entre ambos métodos? Mientras la “convención mixta constitucional” estará integrada por un 50% de parlamentarios en ejercicio y por un 50% de ciudadanos electos para la ocasión, la “convención constitucional” estará compuesta solo de ciudadanos elegidos para tal efecto.
Con el resultado del plebiscito, la elección de los miembros que conformarán cualquiera de estas dos instancias se realizará en octubre de 2020 bajo sufragio universal. Esto ocurrirá al mismo tiempo que las elecciones regionales y municipales.
Como método de elección, el texto de acuerdo señala que “se utilizará el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados en la proporción correspondiente”.
Por otra parte, el pacto de los políticos chilenos apunta que el plazo de funcionamiento del órgano constituyente encargado de redactar la nueva Carta Fundamental será de hasta 9meses, prorrogable una sola vez por tres meses.
Este órgano deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas bajo un quórum de 2/3 de sus miembros.
Sesenta días después de la entrega del nuevo texto constitucional por parte de este órgano, se realizará un referéndum ratificatorio con sufragio universal y obligatorio.
Finalmente, la nueva Constitución regirá en el momento de su promulgación y publicación derogándose orgánicamente la Constitución actual.
Sea cual sea el órgano constituyente (convención mixta constitucional o convención constitucional), deberá ser disuelto una vez cumplida la tarea que le fue encomendada, es decir, redactar una nueva Carta Fundamental.
Los dirigentes políticos que firmaron el pacto consideraron este acuerdo “histórico”.
Pero, ¿qué tan cierta es esa afirmación?
El doctor en ciencias políticas de la University College London (UCL), Javier Sajuria, explica a BBC Mundo que el carácter histórico se debe a que “nunca en Chile se ha redactado una Constitución por un órgano electo o con participación de la ciudadanía”.
“Siempre se ha hecho por grupos pequeños, ya sea de expertos o políticos, sin mucha retroalimentación durante el proceso”, subraya el académico.
Por otro lado, hay quienes aseguran que es histórico debido a la “amplitud del acuerdo”, siendo firmado desde un partido tan conservador como la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta miembros de la coalición de izquierda llamada Frente Amplio.
“Nunca habíamos visto algo así, que sectores tan reaccionarios a cambiar la Constitución, como la UDI, mostraran su disposición a hacerlo”, dice Javiera Arce, académica de las universidades Católica de Chile y de Valparaíso.
“Es bien simbólico e impresionante que haya una especie de renuncia de los grupos conservadores de este país”, valora en declaraciones a BBC Mundo.
La cientista política explica que esta renuncia se debe a que, para los miembros de la UDI, esta Constitución “implicó un orden existente ideológico que diagramó una sociedad hecha y pensada por Jaime Guzmán (fundador de la UDI) y los ‘Chicago Boys’ [el grupo de tecnócratas recién graduados a los que el régimen de Pinochet asignó las finanzas del país en 1973]”.
“Pero se dieron cuenta de que ese modelo de sociedad falló y eso genera esperanzas”, dice.
En esa misma línea, Javier Sajuria asegura que es “sorprendente” que militantes de la UDI hayan firmado el pacto pues, para ellos, “es una renuncia súper grande”.
“Es renunciar a un diseño institucional que ellos hicieron hace 30 años y que les ha dado un espacio especial”, asegura.
Por otra parte, también se destaca que partidos del Frente Amplio hayan participado del pacto, adhiriéndose a la posibilidad de que el órgano constituyente elegido por la ciudadanía sea conformado en su mitad por parlamentarios cuando apostaban por el modelo de una convención constitucional, formada íntegramente por ciudadanos.
“Es un gran avance y es muy importante”, dice Sajuria.
A pesar de que el anuncio realizado por los partidos políticos fue en su mayoría bien recibido por diversas figuras públicas, también se han presentado algunos reparos.
Entre los puntos más polémicos se encuentra la elección de los miembros del órgano constituyente (cualquiera sea este).
Para algunos, el hecho de que sean electos a través del mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados y en la “proporción correspondiente” significa que este órgano estará compuesto con los mismos equilibrios políticos que el Parlamento actual, dando poco espacio a personas independientes.
“Se va a utilizar la Ley 20.840, que es un sistema proporcional moderado, para lo que se tendrá que competir en listas partidarias para asegurar tu éxito y eso generará más dificultad para los independientes”, apunta Javiera Arce.
Pero es la experiencia en nuestro país con el quórum de ⅔ la que hace dudar a los sectores de izquierda y centro-izquierda. Calificado como uno de los “cerrojos” de la Constitución de Pinochet, se ha convertido en uno de los recursos que han utilizado los sectores partidarios del statu quo del país para evitar cambios, justamente lo que temen que suceda en un eventual órgano constituyente.
“El 25 de octubre hay que ir a votar ‘Apruebo’ y hay que votar ‘Convención Constitucional’, porque eso representa la política democrática más avanzada en el marco que tenemos hoy. Sin embargo, el problema de fondo es que esa Convención Constitucional no es del todo soberana, tiene algunos mecanismos contra mayoritarios, los mismos que tiene la Constitución de Pinochet, para impedir la expresión de las mayorías. Y el desafío que necesariamente tiene que tener la oposición es cómo se democratiza ese sistema de reglas para evitar la frustración que va a generar”, sostuvo el alcalde frenteamplista de Valparaíso, Jorge Sharp.
“Porque la derecha va a tener un tercio y se va a ir a oponer a los cambios, si lo han hecho 30 años. Ellos entendieron el estallido social como un estallido delincuencial. ¿Qué van a ir a hacer a la Convención Constitucional? Si lo dijo Longueira, lo ha dicho Lavín y lo han dicho aquellos que están a favor del ‘Apruebo’ (en ese sector); la derecha está pensando lúcidamente en los próximos dos años, otra cosa es que tengan un Presidente como éste, que está deslegitimado, pero no están guardados en una esquina, en ningún caso”, sentenció Sharp.
“El desafío que tiene la oposición es democratizar esa Convención Constitucional, democratizar las reglas. ¿Por qué en esas discusiones tan difíciles y tan duras, como puede ser la de declarar o no el agua como un bien de uso público, en vez de la regla de los ⅔, le preguntamos a la gente a través de plebiscitos programáticos, por ejemplo? Eso se ha hecho en otros procesos constituyentes”, planteó el jefe comunal de Valparaíso.
Sin embargo, la oposición al quórum de los ⅔ no es generalizada dentro del amplio espectro que impulsa la opción ‘Apruebo’ y que quiere una nueva Constitución redactada por una Convención Constitucional. Dentro de la ex Nueva Mayoría defendieron este punto en las conversaciones que generaron el recordado acuerdo de noviembre pasado y hacen una diferencia entre la llamada “trampa” de los ⅔ en la Constitución del ‘80 y el quórum para aprobar las normas en el órgano constitucional.
Así lo planteó el abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Soto, quien sostuvo que es necesario tener quórums altos que aseguren grandes acuerdos, precisando que en el caso de la Convención los temas no resueltos podrán ser solucionados a través de leyes simples y con mayoría simple, por lo que no lo considera en sí, poco democrático. “En la Constitución del ‘80, la idea de establecer los ⅔ les permite justamente establecer un veto siendo minoría. Pero eso no pasa con la otra forma, ni en la Convención ni en el derecho comparado, porque en general las constituciones son elaboradas a partir de grandes acuerdos, y lo que persiguen los ⅔ es lograr eso”, indicó el académico de la Universidad de Chile.
“Si ese acuerdo no se logra queda como una ley simple, y basta que el Congreso lo acuerde con una mayoría simple. Así es que no opera el veto que sí opera en la Constitución del ‘80. Entonces, el tema de una súper mayoría para reformar o elaborar la Constitución, en sí, no es no-democrático. Esto es un instrumento que se creó en la Constitución del ‘80 y opera justamente para que la minoría pueda controlar a la mayoría, pero en el caso de la Convención Constitucional esa fórmula no se da”, aseguró Soto.
En ese sentido, sostuvo que hay desafíos más importantes para el espectro político y que también tienen que ver con la democratización del proceso, pero en términos de acercar la discusión constitucional a la ciudadanía y que ésta tenga una participación activa, tanto en la integración del eventual órgano constituyente como en las discusiones que se llevarán a cabo en su interior.
“La pregunta es: ¿Cómo acercamos a la ciudadanía a las definiciones constitucionales? Y ése es un problema que tendríamos si los acuerdos se dan por mayoría simple o si se dan por ⅔. De todas maneras, porque finalmente los representantes tienden a encapsularse y es un problema que se da no sólo en Chile, sino que en el mundo. Entonces, los mecanismos de participación del ciudadano ‘de a pie’ son claves en el proceso, y es algo que no hizo la reforma al Capítulo XV y que va a tener que hacer la Convención en su reglamento”, concluyó el abogado y académico de la Facultad de Derecho.
Por otra parte, otro de los puntos que ha generado críticas es el quórum de 2/3 de los miembros del organismo encargado de redactar la nueva Constitución para aprobar cualquier decisión que tomen.
Según sus críticos, esto hace que se mantenga el “poder de veto” de una minoría.
Esta fue, de hecho, una de las razones por las que el Partido Comunista no se plegó al acuerdo. Sus dirigentes proponían que el quórum fuera de 3/5.
“Los 3/5, el 60%, era la fórmula más democrática, nos pareció que era lo correcto, pero no hubo eco y por eso no firmamos”, explicó el diputado del PC Daniel Núñez a Radio Duna.
Según aseguraron varios miembros de esta formación, su decisión también tuvo que ver con que no estaban dispuestos a apoyar un “arreglo de cúpula” y hecho “a espaldas del movimiento social”.
A pesar de que este partido tiene bajo apoyo de la ciudadanía, está vinculado a diversas mesas sociales, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que ha liderado varias de las marchas.
En tanto, otro de los cuestionamientos que se le hacen al acuerdo es que no se haya asegurado escaños reservados para los pueblos originarios de Chile ni la elección de mujeres (a pesar de que rija la ley de cuotas del sistema electoral que asegura la competencia de éstas).
Pedro Cayuqueo, periodista y escritor de origen mapuche, señaló a través de su cuenta de Twitter: “En el plebiscito sobre el mecanismo mi voto será por la Convención Constituyente (que es la AC con otro nombre). En ella deberá existir un porcentaje para mujeres y hombres representantes de las primeras naciones. Nunca más un Chile sin nosotros”.
Con todo, y a pesar de los reparos, en Chile hay confianza en que, luego de 40 años bajo la mismas reglas constitucionales, por fin se cambiará una Carta Fundamental que, para muchos, es “ilegítima”.
De ahora en adelante, la clave estará en el detalle con que se maneje todo este proceso que será observado de cerca por muchos chilenos.
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