Expertos de universidades chilenas rechazan el uso de las ‘armas acústicas’ que el Gobierno evalúa dotar a carabineros
Los departamentos de fonoaudiología de las Universidades de Valparaíso y Chile redactaron una declaración conjunta en el que destacan que esos dispositivos pueden provocar hasta la pérdida irreversible de la audición.
GoogleEn medio de protestas que llevan casi 50 días, esta semana el subsecretario del Interior Chileno, Rodrigo Ubilla, anunció que el Gobierno analiza la posibilidad de dotar a los Carabineros de “una línea de nuevas armas no letales”, entre ellas, ‘disuasivos acústicos’. Frente a esto, los departamentos de fonoaudiología de las Universidades de Valparaíso y Chile publicaron una declaración conjunta en la que rechazan el eventual uso de esos dispositivos.
“Estamos en un plan de dotar rápidamente a Carabineros de equipamiento nuevo para recuperar parte de lo que hemos perdido, y en 2020 dotar con una nueva capacidad tecnológica y operativa importante”, había dicho Ubilla ante los medios. Mencionó varias alternativas como ‘tintes para el carro lanzagua’ o ‘gas pimienta’, además de los disuasios acústicos. Respecto a estos últimos, dijo que se usan “en más de 60 países”.
Según indicaron, la decisión de dotar a Carabineros con esta nueva línea de armas no letales será analizada con una asesoría de la Guardia Civil y la Policía Nacional de España, la Policía Federal de Alemania y un general ex- director de la Policía Nacional de Colombia.
Sin embargo, las comunidades académicas fueron muy claras en el rechazo. En el documento conjunto que publicaron, indican que esos artefactos “emiten sonidos sobre los niveles permitidos o considerados seguros” y que “generan severos daños en la audición de las personas expuestas”, incluso la “pérdida auditiva irreversible”.
Así, pidieron que se reconsidere “el uso de dispositivos que generen consecuencias irreparables en la salud de chilenos y chilenas, con especial énfasis en aquellos de gran alcance y que pueden generar daños masivos”.
Por último, consideraron que “no se debe permitir que se vulneren los derechos humanos en el legítimo control del orden público ni repetir las acciones que crearon la mayor crisis oftalmológica documentada” en la historia de Chile.
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