Julian Assange cumple 48 años este miércoles, y 60 ciudades de todo el mundo le rinden homenaje. En Melbourne (Australia), su ciudad natal, su padre ha liderado una concurrida manifestación en favor de su liberación, y ha declarado que su estado de salud va mejorando mientras se encuentra recluido en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido.
El fundador de wikileaks continúa a la espera de que se resuelva su proceso de extradición a EE.UU., país que sostiene contra él una acusación de espionaje y conspiración que podría acarrear una pena de hasta 175 años de prisión. El Reino Unido debe aún decidir si ejecuta la orden.
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Al tratarse de un caso con graves implicaciones para el ejercicio de la libertad de expresión, se han producido diversas iniciativas para que se hagan públicos los documentos del caso.
El alto precio de informar
La periodista italiana Stefania Maurizzi encabeza una de ellas, a través de una causa en el Tribunal Superior del Reino Unido. Maurizzi denuncia la incoherencia y la opacidad de la Justicia británica en lo referente al caso de Assange.
Esta periodista trató de obtener “la correspondencia completa entre el Servicio de Procesamiento de la Corona británica y las autoridades de EE.UU., es decir, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado norteamericanos”.
“Cuando solicité esos documentos a Suecia –continúa Maurizzi–, dijeron que no los tenían. Pero cuando solicité la misma correspondencia al Reino Unido, no querían ni confirmar ni negar que la tuviesen”. “Si no la tenían, ¿por qué no decirlo inmediatamente?”, se pregunta la periodista.
Con respecto a las relaciones entre el Reino Unido y Ecuador –país en cuya Embajada Assange estuvo refugiado durante 7 años, desde junio de 2012– Maurizzi opina que las autoridades británicas utilizan al país latinoamericano “para que no parezca sospechoso su rechazo a mostrar sus contactos con EE.UU.”.
La reportera italiana subraya además la importancia del caso de Assange en el contexto global de la información. “Este caso tiene que ver con el derecho de la prensa a publicar documentos que pueden ser devastadores para el Gobierno”, asegura Maurizzi, que lamenta que la vida de Assange se haya visto “destruida” por revelar información contraria a los intereses del poder. “El precio es muy alto y los periodistas no deberían pagarlo por exponer los crímenes de guerra y las torturas”, concluye.
