Junta militar de Myanmar condenada internacionalmente por dar la orden de ejecutar a 4 activistas
Conmoción y rechazo se vive en Myanmar por el uso de la pena capital en décadas. Las ejecuciones se llevaron a cabo a pesar de los pedidos de clemencia de todo el mundo, incluso de expertos de Naciones Unidas y de Camboya, que ocupa la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
Los medios de comunicación controlados por la junta militar informaron este lunes 25 de julio que cuatro activistas presos fueron ejecutados. Todos habían sido condenados en juicios cerrados este año, tras ser detenidos después del golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, en el que las autoridades castrenses detuvieron a la líder Aung San Suu Kyi y al presidente Win Myint, quienes continúan privados de su libertad.
Las autoridades militares, que controlan Myanmar desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, ejecutaron a cuatro activistas presos, los primeros casos de este tipo que se conocen en décadas. Entre las víctimas se encuentra Phyo Zeya Thaw, exdiputado del partido de la derrocada líder Aung San Suu Kyi, y el destacado activista por la democracia Kyaw Min Yu. Todos fueron acusados de distintos cargos relacionados con terrorismo.
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Entre los hombres asesinados se encuentra Phyo Zeya Thaw, un exdiputado del partido Liga Nacional por la Democracia de la líder derrocada Aung San Suu Kyi. También conocido como Maung Kyaw, fue condenado por un tribunal militar a puerta cerrada, por delitos relacionados con la posesión de explosivos, atentados con bombas y financiación de terrorismo.
El mundo necesita responsabilizar a los militares por las ejecuciones. “Tienen que pagar”, afirmó su esposa, Thazin Nyunt Aung, tras conocer lo ocurrido.
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El exlegislador, de 41 años, había sido músico de hip-hop antes de convertirse en político. Fue arrestado en noviembre 2021, cuando medios estatales reportaron que fue señalado de ser una figura clave en una red que llevó a cabo lo que los militares llamaron “ataques terroristas”, durante las protestas prodemocracia, en Yangon, la ciudad más grande del país.
También fue ejecutado Kyaw Min Yu, un activista por la democracia, de 53 años, más conocido como Ko Jimmy, y uno de los líderes del Grupo de Estudiantes Generación 88, veteranos de un fallido levantamiento popular de 1988 contra el gobierno militar. Fue acusado de supuestamente violar la ley antiterrorista.
Antes de su último encarcelamiento en octubre de 2021, Min Yu había pasado más de una docena de años tras las rejas por activismo político.
Tras la más reciente toma del poder a la fuerza, el Ejército lo incluyó en una lista de buscados, por publicaciones en redes sociales que supuestamente incitaban disturbios. Los medios estatales señalaron que estaba acusado de “actos terroristas”, incluidos ataques con minas, y de encabezar un grupo llamado Operación Luz de Luna para llevar a cabo ataques de guerrilla urbana.
Los otros dos ejecutados: Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, fueron declarados culpables de torturar y matar a una mujer en marzo de 2021 a la que supuestamente creían que era una informante militar.
Un periódico estatal publicó que los cuatro fueron ejecutados “de conformidad con los procedimientos legales” por dirigir y organizar “actos cómplices violentos e inhumanos de asesinatos terroristas”.
Sin embargo, desde que volvió a controlar el país por completo, la junta militar ha desatado una campaña de violencia brutal para reprimir a la oposición.
Organizaciones de derechos humanos, familiares de los detenidos y miles de personas que se sumaron a las protestas contra el golpe de Estado señalan al Ejército de imponer penas bajo delitos falsos y con motivaciones políticas contra todo aquel que se oponga a su permanencia en el poder.
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“Castigarlos con la muerte es una forma de gobernar al público a través del miedo”, aseguró Aung Myo Min, ministro de derechos humanos del Gobierno de Unidad Nacional, una administración civil en la sombra establecida fuera de Myanmar, tras la toma del poder a la fuerza.
Los militares birmanos criticaron a las Naciones Unidas por apoyar al Gobierno de Unidad Nacional, actualmente en el exilio. Las organizaciones internacionales aún no han conseguido recaudar ni la mitad de los fondos necesarios para hacer frente a la crisis humanitaria en Myanmar.
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