La Justicia brasileña desestimó la denuncia presentada por la Fiscalía por corrupción pasiva contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y su hermano José Ferreira, conocido como Frei Chico.
“La denuncia es inepta. No es necesario un agudo sentido de la Justicia, solo un poco de sentido común para darse cuenta de que la acusación se basa en interpretaciones y un montón de suposiciones”, aseguró Ali Mazloum, juez federal de primera instancia de Sao Paulo.
La Fiscalía interpuso la denuncia la semana pasada y también presentó cargos, que han sido rechazados, por “corrupción activa” contra el exdirector de Odebrecht Alexandrino Alencar, el expresidente del grupo Marcelo Odebrecht y Emilio Odebrecht, directivo de la compañía.
De acuerdo con la denuncia, entre 2003 y 2015, Frei Chico, activista sindical con carrera en el sector petrolero, recibió por parte de la constructora Odebrecht un total de 1,1 millones de reales (más de 265.000 dólares al cambio actual) dividido en transferencias de 3.000 y 5.000 reales (730 y 1200 dólares, respectivamente) durante ese periodo. Estos pagos, según la denuncia, eran parte de “un paquete de ventajas impropias” ofrecidas a Lula, a cambio de varios beneficios obtenidos por Odebrecht del Gobierno federal.
La acusación señaló que Lula sugirió a Odebrecht contratar a Frei Chico como interlocutor entre la constructora y los movimientos sindicales. En 2002, año en que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) fue elegido presidente, se puso fin al contrato, pero Frei Chico siguió supuestamente recibiendo pagos periódicos a cambio de favorecer los intereses de la compañía.
“Acusaciones irrazonables”
En un comunicado, la defensa de Lula explicó que la denuncia ofrece “las mismas acusaciones irrazonables ya presentadas en otros procedimientos penales contra el expresidente”. “Lula jamás ofreció al Grupo Odebrecht un paquete de ventajas indebidas'”, agregó.
Desde abril de 2018, Lula cumple en Curitiba, capital del estado de Paraná, una pena de 8 años y 10 meses de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva en el caso de un departamento triplex en Guarujá, una ciudad del estado de Sao Paulo, en el marco de la Operación anticorrupción ‘Lava Jato’.
El ex- mandatario fue condenado también a otra pena de 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero en la reforma de una casa en Atibaia, Sao Paulo, pero la condena no está confirmada en segunda instancia.
