Días atrás, un juez ordenó la liberación de Gildardo López, uno de los presuntos responsables de la “desaparición forzada de Iguala”, ocurrida la madrugada del 27 de septiembre de 2014 el estado sureño Guerrero, un hecho que golpeó a la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Además de López, unos 53 acusados ya habían recuperado su libertad en los últimos años ya que sus testimonios fueron obtenidos mediante torturas y tras detenciones arbitrarias.
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“Quedan solamente 65 de las 142 personas detenidas. De mantenerse esta tendencia y, como es evidente la intención política de hacerlo, quizá en los próximos días puedan otorgarse diversas libertades”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Interior).
“Esta resolución sienta un grave precedente (…) privilegiando el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho de la justicia que deben gozar las víctimas, sus familiares y la sociedad”, agregó Encinas en rueda de prensa.
El año pasado, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que encontró “sólidos motivos para creer que una parte de las personas arrestadas en México en la etapa inicial de investigación fueron torturadas y detenidas de manera arbitraria”.
En septiembre de 2014, más de 100 estudiantes de una escuela rural normal de Ayotzinapa -unos 220 kilómetros al sur de Ciudad de México- que viajaban en varios autobuses fueron atacados por policías coludidos con criminales. Desaparecieron 43 de ellos y sólo se encontraron los supuestos restos de uno.
Encinas prometió “continuar hasta que se sepa la verdad” y aseguró que la Fiscalía iniciará una investigación contra funcionarios “que incumplieron con sus responsabilidades en el desarrollo de la investigación”, como el exprocurador Jesús Murillo; el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón; y el exfiscal del caso, José Pérez.
Reporte de Diego Oré; Reporte adicional de Dave Graham
