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Una serie de aparentes casos de explotación sexual a menores está causando conmoción en la sociedad uruguaya a medida que la Justicia avanza en la ‘Operación Océano’, calificada como [rml_read_more]la investigación más importante desde que se actualizó el Código Penal en ese país sudamericano.
El entramado se destapó en marzo de este año, cuando apareció el cuerpo de una adolescente junto al arroyo Solís Chico, en la ciudad de Canelones. Al identificar a la fallecida, de 17 años, las autoridades supieron que había denunciado a un hombre por explotación sexual, y que llevaba desaparecida cuatro días. Para los funcionarios judiciales, esa era la “punta del ‘iceberg'”.
La Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado, Interpol y la Fiscalía de Delitos Sexuales sospechan que varias menores eran obligadas a tener relaciones a cambio de dinero, ropa, viajes y hasta el acceso a fiestas exclusivas. Hay por lo menos 20 sujetos involucrados, entre profesionales, docentes, dirigentes políticos y empresarios. El nombre del listado que más llamó la atención es el de Washington Balliva, un exjuez de menores.
La operatoria de una aparente pareja de proxenetas
A su vez, algunos de los implicados son acusados de proxenetismo. En efecto, se cree que por lo menos uno de estos sujetos usaba imágenes eróticas para ofrecer a las mujeres en Internet, y que disponía un inmueble para que tengan sus encuentros con los posibles abusadores, quedándose con un importante porcentaje de ganancia.
En las últimas semanas, la Fiscalía formalizó la acusación contra un ciudadano paraguayo, y detalló una situación puntual: “El arreglo económico consistía en que ella [en este caso, mayor de edad] podía trabajar en el apartamento pero debía otorgarle un 30 % de lo que le cobrara al cliente y mantener relaciones sexuales con el imputado, o de lo contrario debía pagarle un 50 % de lo recaudado con su trabajo sexual”, se lee en el documento judicial.
Además, cuando ella atendía hombres fuera del departamento, ubicado en la ciudad de Maldonado, él la trasladaba y, presuntamente, le cobraba los viajes con una parte del pago que dejaba el cliente. Cuando fue consultada sobre su régimen de explotación, “manifestó que era de todos los días y todo el día”, repasa la fiscal.
De la intervención de la Unidad de Víctimas y Testigos también surge que la trabajadora sexual “no conocía a nadie más”, y que al momento de solicitar contar con una compañera, se lo negaron. En cuanto al origen del vínculo, la víctima y el posible victimario se habrían conocido por Tinder.
Además, se cree que el implicado le propuso el mismo sistema a una adolescente, según las conversaciones de WhatsApp recogidas para el caso. Y, aparentemente, el trabajo ilegal se hacía en conjunto: la pareja del hombre “participaba activamente de la logística de la renta del apartamento al grupo de jóvenes”, dice en la indagación, iniciada a fines del 2019 por una denuncia de abuso sexual.
“Por ahora, no vemos una red”
Darviña Viera, la fiscal interviniente, dijo recientemente que “siguen apareciendo personas” involucradas en los delitos. De hecho, este sábado se formalizó al implicado número 21, Ricardo Cirio Oreste, un argentino de 63 años —radicado en Uruguay hace 20— que solía ser el director de una escuela privada en Punta del Este.
De momento, no hay elementos para afirmar que los involucrados tenían un vínculo en común: “Podrá ser que se conozcan, pero por ahora nosotros no vemos una red”, señaló Viera.
Ignacio Durán, un abogado defensor, alega públicamente que los actos sexuales se habrían realizado bajo consentimiento, desconociendo la posición de dominación sobre una de las jóvenes. El letrado también dijo a VTV que su cliente sostenía una relación “de amistad” con la chica, que incluía sexo, pero no sabía su verdadera edad.
Ahora, resta por ver cómo avanza la labor judicial en la ‘Operación Océano’, que está sumando nuevos acusados. El caso sigue bajo investigacion.
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