El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este martes que enviará un proyecto de ley al Parlamento para implementar un bono de 100.000 pesos (unos 124 dólares) en beneficio de 6 millones de personas, mientras el estallido social persiste desde mediados de octubre con masivas movilizaciones.
“Sé que los bonos no resuelven los problemas, pero también sé que significa un importante alivio”, sostuvo el mandatario desde la comuna de Maipú, ciudad de Santiago. Así, se espera que 1.336.000 familias reciban este complemento económico, aunque primero debe ser aprobado por el Congreso.
Al respecto, el ministro de Economía, Lucas Palacios, explicó que los receptores serán los mismos que ya recibieron el bono de marzo, aunque el Ejecutivo no brindó mayores detalles.
“La economía está frenada por la violencia”
La medida se dio a conocer a tan solo un día de haber lanzado un plan para reactivar la economía, que requerirá la inversión de 5.500 millones de dólares entre 2020 y 2022. Según informaron las autoridades, el dinero será destinado, principalmente, al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y la reconstrucción de la infraestructura dañada durante las manifestaciones. Así, esperan crear 100.000 puestos de trabajo el próximo año.
En ese marco, recientemente el Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) expuso que en octubre, mes en que se desató la tensión social, hubo una contracción del 3,4 %. “Las causas son evidentes: la violencia, los saqueos y la destrucción tienen frenada a la economía”, concluyó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
Con esa línea, Piñera sostuvo públicamente que “es muy importante terminar con la violencia, los saqueos e incendios”. Además, sumó que se trata de “un tema necesario para que la economía se ponga en marcha y las familias recuperen la paz”. Por último, subrayó: “El Gobierno ha hecho todos los máximos esfuerzos para escuchar y atender las necesidades de la gente”.
¿Qué sucede en Chile?
Desde mediados de octubre aquel país sudamericano atraviesa constantes jornadas de protestas para exigir cambios de fondo en el modelo económico. Las primeras manifestaciones se produjeron después de que el Gobierno de Piñera aprobara un aumento en el metro de Santiago, pero luego se visibilizaron otras históricas demandas.
En medio de las movilizaciones, el Ejecutivo anunció una serie de planes sociales para calmar la tensión, pero fueron insuficientes. Por su parte, gran parte de los manifestantes considera que la mejor forma de encausar sus reclamos es lanzando una nueva Constitución. Así, tras lograrse un acuerdo entre dirigentes oficialistas y opositores, es probable que en abril se impulse un plebiscito para que la población defina si se crea una nueva carta magna.
Por otro lado, durante las manifestaciones se produjeron 26 muertes que son investigadas por la Fiscalía, y se sospecha que al menos cinco pudieron ser homicidios en manos de las fuerzas de seguridad. Además, el Ministerio Público abrió casi 2.700 indagaciones penales por posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
