La gobernadora del estado de Alabama, Kay Ivey, ha firmado este lunes un proyecto de ley que requiere que cualquier persona condenada por delitos sexuales contra niños menores de 13 años y desee lograr la libertad condicional, sea castrada químicamente.
La norma estipula que el procedimiento sea pagado por el propio condenado y que comience como mínimo un mes antes de la fecha de su liberación. También deberá continuar en el tiempo hasta que un tribunal dictamine que ya no es necesario.
Alabama se convierte así en el séptimo estado de EE.UU., después de California, Florida, Luisiana, Texas, Montana y Wisconsin, en permitir o requerir la castración como castigo para ciertos tipos de delitos sexuales. En la mayoría de estos, el procedimiento es químico y reversible y, en muchos casos, opcional para lograr la libertad condicional.
Que es la castracion quimica?
La castración química es un proceso dirigido generalmente en contra de violadores, pederastas y otros agresores sexuales. Al sujeto se le administra una serie de medicamentos destinados a reducir la líbido y la actividad sexual. Los fármacos sofocan la conducta sexual en los hombres a través de la reducción radical de los niveles de testosterona. En teoría es un proceso reversible y el sujeto se recuperará una vez interrumpido el tratamiento. Algunos de los medicamentos usados en estos procesos son el Depo Provera y antidepresivos que tienen como efecto secundario la disfunción sexual del paciente.
Polonia fue el primer país europeo en aplicar a su Código penal la castración química forzosa para los pederastas, en 2009, según informa la BBC. Otros países europeos que la aplican son Moldavia y Estonia. Rusia y Corea del Sur también, la aplican. En Estados Unidos, la aplican California, Florida, Georgia, Iowa, Luisiana, Oregon, Texas y Wisconsin, entre otros. Indonesia ha sido uno de los últimos países en sumarse a la lista de naciones que aplican la castración química como medida penal.
La castración química también es legal en la isla de Guam, territorio no incorporado de EE.UU. en el Pacífico, aunque las autoridades locales nunca han recurrido a esta práctica.
