El primer ministro Boris Johnson se apuntó ayer una primera victoria en la batalla legal lanzada por los opositores a un Brexit duro, a quienes advirtió que impedir la salida de la Unión Europea (UE) en octubre dañaría la confianza en la política británica.
A la espera de una audiencia completa, un grupo de 75 diputados proeuropeos pidió a la más alta instancia civil de Edimburgo una decisión provisional urgente contra la suspensión del parlamento decidida por Johnson. Sin embargo, el juez desestimó dicha orden provisional. Aunque adelantó al martes la vista de fondo inicialmente prevista para el próximo viernes.
Johnson decidió suspender las labores parlamentarias entre la segunda semana de septiembre y el 14 de octubre afirmando querer elaborar y presentar su nuevo programa legislativo. Pero sus detractores lo acusan de hacerlo para impedirles bloquear un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre. Denunciando un “golpe de Estado”, el sábado se convocaron protestas en una decena de ciudades y una gran concentración el martes en Londres.
Y se lanzaron tres acciones judiciales: la segunda de ellas será analizada el martes en Belfast y la tercera el jueves en Londres. Esta última, iniciada por la empresaria y activista antibrexit Gina Miller -que en 2017 ganó una importante batalla legal contra el gobierno- sumó el viernes el apoyo de un ex primer ministro: el conservador John Major (1990-1997). También Jo Swinson, la líder del centrista Partido Liberal Demócrata, sumó su nombre a esta querella.
Downing Street se declaró “contento” con la decisión judicial, mientras los impulsores de la querella subrayaban que todo está aún por decidir.
No obstante, de acuerdo con los expertos en derecho, incluso si la justicia termina impugnando la decisión de Johnson, este no estará obligado a anular la suspensión parlamentaria.
Con esta primera victoria en mano, el jefe de gobierno lanzó una advertencia a sus opositores: impedir que el país abandone la Unión Europea en la fecha prevista “causará un daño duradero a la confianza de la gente en la política”, afirmó en una entrevista con el canal privado Sky News.
Johnson llegó al poder el 24 de julio en remplazo de Theresa May -obligada a dimitir por su incapacidad para cumplir con el Brexit-, asegurando que sacará al país de la UE el 31 de octubre con o sin acuerdo.
Hace más de tres años que los británicos decidieron en referéndum abandonar el bloque europeo. Pero su salida, prevista para marzo de 2019, fue aplazada dos veces por el tozudo rechazo del parlamento al Tratado de Retirada firmado por May con Bruselas.
Johnson quiere suprimir del Tratado la “salvaguarda irlandesa”, un controvertido mecanismo destinado a evitar una nueva frontera en la isla de Irlanda. Los euroescépticos sostienen que esa cláusula mantendría a Reino Unido en las redes de la UE.
Y de lo contrario amenaza con un Brexit sin acuerdo, algo que muchos diputados se habían declarado determinados a impedir.
Según The Times, tras suspender el parlamento el primer ministro afirmó que así la UE entendería que la cosa va “realmente en serio” y sería más proclive a aceptar sus condiciones.
Londres anunció una aceleración de los contactos con Bruselas: en septiembre sus negociadores mantendrán dos encuentros semanales con los europeos, a los que podrían agregarse “reuniones técnicas”.
El líder de la Cámara de los Comunes, el tory John Bercow, tildó el gesto de Johson de “aberración constitucional”, mientras que el líder laborista Jeremy Corbyn ha dicho que supone una “aberración y una amenaza a la democracia”.
Corbyn se ha mostrado “espeluznado frente a la osadía del Gobierno de Johnson, que habla de soberanía y, sin embargo, busca suspender el Parlamento para evitar el escrutinio a sus planes para (ejecutar) un temerario ‘brexit’ sin acuerdo”.
El dirigente del principal partido de la oposición se ha dirigido a la reina Isabel II para recalcar que interrumpir la actividad parlamentaria “no es aceptable” y acusar a Johnson de “avasallar la democracia” británica.
Corbyn anunció además que ha escrito a 116 diputados tories e independientes, entre ellos la ex primera ministra Theresa May y el extitular de Economía Philip Hammond, pidiendo su apoyo para respaldar mecanismos con el fin de abortar una salida brusca de la UE.
Precisamente, Hammond opinó que sería “una aberración constitucional impedir al Parlamento pedir cuentas al Gobierno en un momento de crisis nacional. Profundamente antidemocrático”.
Por su parte, la ministra principal de Escocia, la independentista Nicola Sturgeon, retó a Johnson a convocar elecciones generales antes del 31 de octubre, opción descartada por el líder tory.
