Este domingo hubo elecciones presidenciales en Uruguay y se definió que habrá segunda vuelta entre el Frente Amplio y el Partido Nacional el 24 de noviembre próximo. En paralelo se votó un plebiscito que proponía una serie de “soluciones” para abarcar el problema de la inseguridad: desplegar a los militares en las calles, endurecer las penas de prisión para ciertos delitos y autorizar allanamientos nocturnos en las casas de ciudadanos y ciudadanas. Para que la medida prosperara precisaba mayoría absoluta, pero sólo un 47% de los uruguayos habilitados para votar eligió el ‘sí’. No alcanzó para ganar y la reforma quedó descartada.
El sector que impulsó el plebiscito denunció durante la jornada de votación que desaparecían las ‘papeletas’ (boletas) a favor de la reforma. Al terminar la jornada, el principal impulsor, Jorge Larrañaga (ex- precandidato a presidente por el opositor Partido Nacional), dijo estar muy conforme con la elección. Señaló que el porcentaje “equivale a más de 1.150.000 votos, lo cual revela que es la opción política más importante”.
Por su parte, desde la campaña ‘No a la reforma’ celebraron el fracaso de la propuesta a la que consideraban punitivista y poco efectiva para enfrentar los problemas que prometía. “En Uruguay le ganamos al miedo, ¡gracias!”, festejaron. Durante la campaña, el eslogan de la heterogénea agrupación formada principalmente por jóvenes fue ‘el miedo no es la forma’.
“Abrazamos y felicitamos al amplio movimiento social que estuvo presente en todo el país”, agradecieron desde las redes sociales.
La propuesta
Durante la campaña electoral, parte de la oposición uruguaya logró instalar la problemática de la inseguridad en el centro del debate y la demanda de ‘represión’ o ‘punitivismo’ como posibles soluciones al problema.
La propuesta de reforma fue lanzada por el entonces precandidato a presidente del Partido Nacional Jorge Larrañaga. Tiempo después, el hombre perdió las elecciones internas de su formación pero siguió liderando la campaña para modificar la Constitución. Quien triunfó en esas internas es el candidato que desde anoche se convirtió en contendiente del futuro balotaje, Luis Lacalle Pou.
El proyecto abarcaba los siguientes aspectos clave: eliminar la prohibición de los allanamientos nocturnos, crear una ‘Guardia Nacional’ integrada por militares, instalar la prisión permanente revisable para ‘casos de delitos gravísimos’ y enfatizar el cumplimiento completo de las penas en delitos graves o bien limitar los modos de reducir las penas de privación de libertad.
Los allanamientos nocturnos actualmente están prohibidos por el artículo 11 de la Constitución Nacional, que establece que el hogar es ‘un sagrado inviolable’ y que de noche nadie puede entrar en él sin consentimiento de su jefe. En la propuesta del referente del Partido Nacional, se proponía que se pudieran llevar adelante los allanamientos nocturnos para casos en que el juez a cargo tuviera sospechas fundadas de que se están cometiendo delitos en determinado domicilio.
En cuanto a lo que a penas refiere, el proyecto buscaba lograr la “pena permanente revisable”, un modo elegante de hablar de cadena perpetua. El concepto por detrás era que, supuestamente, encarcelar ayudaría a resolver la delincuencia. Sin embargo, los datos no acompañan el presupuesto: desde 2004 a 2017, los encarcelados subieron de 7139 a 11253, según datos del Parlamento uruguayo. Así, aunque el país tiene una de las tasas de prisionización más altas de la región (está segundo después de Brasil), el problema de la inseguridad continúa.
Por último, la idea proyectaba crear una Guardia Nacional “con integrantes de las Fuerzas Armadas, para cumplir funciones de seguridad pública interior en todo el territorio de la República”.
El llamado a plebiscito se basó en el artículo 331 de la Constitución uruguaya, que indica que es uno de los mecanismos para reformar la carta magna. Su impulsor, Larrañaga, juntó las firmas de más del 10% del padrón y logró llevar adelante la iniciativa. Sin embargo, en las urnas sólo lo apoyó el 47 % de los votantes y no alcanzó para llevarla adelante.
Principales contrapuntos y reacciones
La campaña por el plebiscito dividió aguas. Desde la coalición de Gobierno, el Frente Amplio, se posicionaron firmemente en contra. Es más, el candidato a presidente marchó con los y las jóvenes en la movilización de la semana pasada en contra de la iniciativa. Dijo que hay que buscar “caminos de respeto” y otorgar funciones de seguridad a personal preparado. Además, que lo llena de orgullo la participación, en contraposición “a los que dicen que a los jóvenes no les interesa la política”.
Este domingo, al emitir su voto, la vicepresidenta Lucía Topolansky dijo sobre el tema: “Yo espero que no salga porque es un mal proyecto y menos constitucionalizado porque después, el mecanismo para desandar es mucho más difícil. Yo sé que Larrañaga había prometido un montón de leyes que no habían sido votadas. Todos proponemos leyes que no nos votan… Quiero que la gente no lo vote”.
Por su parte, Larrañaga denunció que Topolansky había violado la veda. “No respetan la ley, no respetan el derecho del uruguayo a decidir en libertad”, tuiteó el político.
La jornada de votación siguió agitada: quienes defendían la reforma denunciaron durante toda la tarde que les habían robado boletas y que la gente no encontraba la ‘papeleta’ en los centros de votación. Larrañaga, incluso, aseguró a medios locales que denunciará el tema penalmente y un delegado de la campaña a favor pidió a la Corte Electoral que revise los circuitos denunciados.
Los integrantes de la campaña en contra de la reforma aseguraron que no realizaron ni apoyaron destruir boletas, esperaron los resultados en el local de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República y festejaron cuando, a las 20:30 (local), se conocieron los primeros resultados. Cerca de la medianoche, el candidato a balotaje del Frente Amplio Martínez se acercó a la celebración.
Desde el ‘No a la reforma’ indicaron que consideran que el problema de la inseguridad no está resuelto pero insistieron en que la propuesta de ‘militarizar’ no resolvía el problema. “Exigimos políticas de prevención del delito que busquen resolver las causas estructurales del problema”, escribieron en redes sociales.
